GUADALAJARA.- Entró en vigor en todo el país la reforma al artículo sexto constitucional, conocida como Ley de Derecho de Réplica, que permite reclamar aclaraciones o desmentidos públicos en caso de
señalamientos que pudieran ser difamatorios.
La legislación aplica para cualquier persona física en el territorio mexicano sin excepción, por lo que se cuenta a particulares, además de funcionarios públicos, y representantes de partidos políticos.
La normatividad incide también en los medios de comunicación, y es que los personajes públicos, aludidos en notas informativas pueden recurrir ante jueces de distrito para plantear inconformidades con el contenido publicado, ya entonces el juzgador puede ordenar al medio de comunicación que ofrezca el derecho del quejoso en el mismo espacio y lugar donde se dio el agravio.
De esta forma los jueces establecerán plazos para que los medios de comunicación demandados acaten la resolución, de lo contrario se contemplan multas por incumplimiento y posterior reparación de daño moral, y se da pie a consecuencias económicas desde 500 Unidades de Medida y Actualización, (UMA).
La legislación no obliga a la aceptación de los planteamientos de cualquier solicitante de réplica, y es que cualquier señalamiento debe ser verdadero o debidamente fundamentado, según se describe en la legislación, "toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta Ley y que le cause un agravio".
Con esto, todos los medios de comunicación del país tendrán la obligación de garantizar este derecho y publicar, de manera gratuita, lo que el agraviado tenga que decir en su descargo, "a través de los espacios propios o donde sean publicados o transmitidos por terceros", reza el documento.
La reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación en abril, y tiene efectos desde el 23 de junio pasado.