Con el voto en contra de los partidos de la oposición y con la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la iniciativa del Senado de reformas al Poder Judicial de la Federación.
Con 319 votos a favor, 88 en contra y cero abstenciones el dictamen quedó avalado en lo general y los legisladores debaten diversas reservas con propuestas de modificación de la oposición, que califican de "reforma a modo" del propio Poder Judicial.
Al presentar el dictamen, la diputada de Morena, Aleida Alavez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, sostuvo que la iniciativa se sustenta en ocho ejes fundamentales.
Señaló que se busca la consolidación de una verdadera carrera judicial para todas las categorías, a las que se accederá mediante concurso de oposición, y la limitación a la discrecionalidad de nombramientos otorgados por jueces y magistrados.
El establecimiento de políticas que orienten las determinaciones del Consejo de la Judicatura en materia de adscripciones, readscripciones, reincorporaciones y ratificación de juzgadores, y el reforzamiento de las facultades institucionales del combate a la corrupción y al nepotismo, añadió.
Además -expuso- impulsa la capacitación y profesionalización del personal a través de la creación de una Escuela Judicial, cuya responsabilidad será velar por la capacitación y la carrera judicial de los integrantes del Poder Judicial de la Federación; el fortalecimiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública, de manera que los defensores públicos se conviertan en verdaderos abogados de los pobres.
También se pretende el establecimiento de Plenos Regionales en sustitución de los Plenos de Circuito, encargados de resolver las contradicciones de tesis en los circuitos sobre los que ejerzan jurisdicción, así como todos los conflictos competenciales que se susciten en el país entre órganos jurisdiccionales.
La transformación de los Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales Colegiados de Apelación, con una integración colegiada que asegure mejor calidad y mayor certeza en sus resoluciones; y la consolidación y fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional.
La modificación al sistema de jurisprudencia para fortalecer los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que la doctrina constitucional que genere, enmarque la labor del resto de los órganos jurisdiccionales del país; y el establecimiento del principio de paridad de género en la carrera judicial como política pública, principio y regla.