Tras reconocer que México "tiene un problema" relacionado con la desaparición de personas, representantes del Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtieron de la necesidad de la expedición de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.
Ante el pleno de la CIDH se comprometieron a trabajar para que el Senado de la República, antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, apruebe la iniciativa del proyecto de iniciativa Ley General sobre Personas Desaparecidas y No Localizadas que el 10 de diciembre de 2015 le envió el Ejecutivo.
Uno de los objetivos, dijeron, es que las autoridades, en especial las encargadas de la seguridad no sean nunca más "parte de una violación a los derechos humanos tan grave como es este delito", dijo Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de la Secretaría de Gobernación.
Advirtió que dicho proyecto prevé la tipificación del delito de Desaparición de Personas de manera expresa para dos supuestos: la desaparición forzada, que aplica para servidores públicos; y la desaparición de personas por parte de particulares.
"Ambos tipos penales permanentes e imprescriptibles con una sanción de 50 a 100 años de prisión y de 40 a 90 años de prisión respectivamente, lo cual demuestra el compromiso del Estado para castigar con severidad aquellos delitos que lastiman de esta manera a las familias y el tejido social", dijo Campa.
Durante la sesión "Situación de derechos humanos y desaparición forzada en México", celebrada en la sede de la CIDH en Washington, Estados Unidos, Campa Cifrián señaló que el Proyecto de la Ley General sobre Personas Desaparecidas y No Localizadas en todo momento tomó en cuenta la opinión y sentir de las familias de personas desaparecidas y la sociedad civil organizada.
Precisó que dicho sentir se tomó a través de la consulta pública que se hizo tanto en línea, como mediante mesas de trabajo y conversatorios con la sociedad, en los cuales también participaron organizaciones nacionales e internacionales como el GIEI que siguió el caso Ayotzinapa, el cual puso como ejemplo del compromiso del Estado mexicano para "romper las cadenas de la impunidad".
El Subsecretario Campa dijo que una vez aprobada, dicha ley facilitará establecer una nueva política pública en materia de búsqueda y localización
Además de sentar las bases de colaboración entre los distintos órdenes de gobierno, distribuir competencias para prevenir investigar, juzgar y sancionar la desaparición de personas.
Dijo que con ello se creará el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que estará integrado por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; así como el Registro Nacional Forense.
Señaló que el proyecto también contiene mecanismos para la participación ciudadana.
Antes, familiares de personas desparecidas, entre ellos Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla, acusaron que en materia de búsqueda de personas desparecidas el Estados mexicano solo realiza acciones "cosméticas".
Tita Radilla, aseguró que a siete años de la decisión de la SCJC en torno al caso de su padre desaparecido en 1974, no se han localizado sus restos ni se ha castigado a nadie.
Familiares de otros desparecidos, quienes a la fecha realizan trabajo de búsqueda en diversos estados, dijeron que el Estado mexicano no ha sido capaz ni siquiera de garantizar la seguridad de los familiares de los desparecidos.
"Es doloroso encontrar fosas clandestinas, arriesgando nuestras vida e integridad. Buscamos lo que el Estado mexicano no quiere encontrar porque sus intereses políticos y económicos son más grandes", dijeron.