La Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pactaron la reducción de la “burocracia dorada” de este máximo ente fiscalizador federal, un recorte de 10% en sueldos de mandos medios y superiores, y una eventual modificación al organigrama interno para compactar dos de las cinco principales direcciones generales.
Para este 2026, la ASF cuenta con un presupuesto de dos mil 822 millones de pesos; el auditor superior percibe un sueldo neto mensual de 151 mil 869 pesos; los auditores especiales 135 mil 246; los titulares de unidad 127 mil 381 pesos, y los directores generales, coordinadores y el secretario técnico del auditor 117 mil 556 pesos.
De acuerdo con la minuta de una reunión privada de legisladores de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación con el equipo del nuevo auditor, Aureliano Hernández Palacios Cardel, se planteó la creación de una nueva Secretaría General y el fortalecimiento de los equipos técnico-operativos de los auditores.
Según los acuerdos tomados en la sede de la propia ASF –a los que El Financiero tuvo acceso–, el objetivo central es optimizar los trabajos para que las sanciones “no sean llamados a misa”, se recuperen los recursos observados en las auditorías y haya denuncias y castigos penales.
El plan a operar por el nuevo auditor superior, en un plazo de 100 días, incluye la evaluación y una reingeniería interna, que prevé la habilitación de seis auditorías especializadas y una eventual compactación de las cinco unidades que aparecen hoy en el organigrama.
También se anticipó que podría haber cambios en áreas y personal de la Auditoría Especial de Desempeño, en la Unidad Técnica, en la de Administración, en la Dirección Jurídica y en la de Enlace Legislativo.
Con la bolsa que se genere del recorte salarial –indicaron legisladores– se buscará que haya una equiparación y evitar que “haya funcionarios de primera y de segunda”.
El proyecto incluye, además, una reestructura administrativa integral y una reducción sustancial de costos operativos, que plantea la realineación de la ASF a los principios de eficiencia presupuestaria.
Asimismo, se firmarán convenios con las auditorías locales para establecer una vigilancia mutua que erradique omisiones o malas prácticas en las entidades federativas, con lo que se dará prioridad a la fiscalización de municipios pequeños.
