Con la mayoría de Morena y sus aliados del PVEM y el PT, más el apoyo del PRI, el pleno de la Cámara de Diputados puso fin a las “pensiones doradas” de altos funcionarios de entidades públicas, con reformas al artículo 127 constitucional propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Aunque en lo general el dictamen de la minuta –avalada ya por los senadores– se aprobó por unanimidad con 458 votos, en lo particular el PAN votó en contra y MC en abstención, pero se logró la mayoría calificada en el recinto, con 363 votos a favor, 64 en contra y 25 abstenciones.
Cuatro diputados de Morena votaron en contra: Gilberto Castillo, Arturo Olivares, Francisco Velázquez y Fernando Mendoza.
Con ello, los diputados concluyeron el proceso legislativo y el decreto se envió a los Congresos estatales para su aprobación, donde debe ser avalado en al menos 17 entidades.
El debate se centró en el artículo segundo transitorio, que expone que la reforma será “retroactiva” y que “afectará a trabajadores que no cuentan con pensiones excesivas”; lo que Morena negó.
El transitorio establece que “a partir de la entrada en vigor del presente decreto todas las jubilaciones o pensiones que no estén excluidas conforme a la fracción IV del artículo 127 constitucional y que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, deberán ajustarse al límite establecido en el párrafo segundo de dicha fracción, incluyendo las que se encuentren vigentes”.
Y precisa que “los entes públicos a que se refiere el párrafo segundo, fracción IV del artículo 127, con las excepciones previstas en dicha fracción, deberán revisar y, en su caso, adecuar los contratos, las disposiciones, las condiciones generales de trabajo y demás instrumentos jurídicos que prevean planes de pensiones o jubilaciones, para que se ajusten a lo previsto en el presente decreto”.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy, sostuvo que la reforma “no se va a aplicar retroactivamente”, aunque la ley claramente dice que sí, y que “se enfoca solo en los trabajadores de confianza de empresas paraestatales”.
Precisó que “es para ajustar que ya no vuelva a haber ese tipo de abusos” y rechazó que esté prevista la retroactividad en perjuicio de los actuales pensionados.
Hay pensiones de “400 mil pesos, no solamente la del millón, hay de 300 mil y se busca ajustar para que no sean tan exageradas”.
No obstante, la diputada del PT, Lilia Aguilar, admitió que sí hay falta de claridad, por lo que propuso dos reservas: la primera, “para excluir a los técnicos de Pemex que no tienen sueldos elevados ni privilegios, pese a que los establece la iniciativa en la exposición de motivos”.
Y una segunda “para proteger a trabajadores que cumplieron con los requisitos de ley y años de servicio, pero que aún no se han jubilado, a fin de darles certeza jurídica de que sus pensiones no serán afectadas”. Ninguna fue aceptada.
Al momento de la discusión, trabajadores jubilados de la CFE, Pemex y de Banobras, apoyados por diputados del PAN y el PRI, trataron de entrar por la fuerza a San Lázaro, en protesta, dijeron, porque se reducirá el monto de sus pensiones y se aplicará retroactividad en el recorte.
Con una protesta de cacerolazos, sartenes, cucharas de metal, alrededor de medio centenar se colaron hasta la zona de admisión y aduanas de la Cámara, donde rompieron mobiliario y quemaron papelería, lo que activó la alarma contra incendios. En el intento forcejearon con personal de Resguardo de la cámara, que los encerró en esa área por una hora, hasta que aceptaron retirarse.
