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Considerada por sus impulsores de MC como “la mejor pieza legislativa en Latinoamérica” que “pone a México a nivel mundial en esta materia”, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial que dispone la circulación por todo el país del transporte federal sin pagar impuestos ni someterse a regulaciones locales.
Aprobada en lo general con 457 votos a favor, cero en contra y una abstención, pero en lo particular sólo con 347 a favor, 106 abstenciones del PAN y 26 en contra de MC, la ley ordena que “los instrumentos de control expedidos para la operación de servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares incluyen la cobertura en vías de jurisdicción estatal y municipal, por lo que las entidades federativas, municipios y demarcaciones de la Ciudad de México no podrán sobrerregularlos ni gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su demarcación territorial, así como tampoco podrán prohibir la entrada o salida a su territorio de ninguna mercancía nacional o extranjera”.
“Era necesario garantizar el derecho de la movilidad e impulsar la competitividad nacional y establecer normas y procesos modernos que eviten acciones discrecionales, regulaciones y cobros excesivos o adicionales”, indicó el diputado de Morena Francisco Borrego.
En respuesta, el diputado Salomón Chertorivski, de MC y uno de los principales impulsores de la ley, dijo que es “la mejor pieza legislativa en lo general”, pero calificó de “anticonstitucional” esta modificación en lo particular, al explicar que el gravamen del transporte federal “ya está establecido en el artículo 115 de la Constitución y es potestad de estados y municipios. Nosotros no podemos legislar en una ley lo que ya está en la Constitución. No sería en esta ley donde se tendría que reglamentar eso”.
Con ésta y otras modificaciones a lo ya aprobado por el Senado, la legislación también incluyó que “en materia de los estándares de vehículos nuevos, se tomen como base criterios internacionales y normas oficiales mexicanas”, con lo que se ordena que las armadoras de las unidades de transporte deberán contar con medidas de seguridad certificadas a nivel internacional.
El dictamen –que fue devuelto al Senado para su revisión y votación– indica que para garantizar seguridad vial, se establece hacer más rigurosas las medidas de seguridad, a través de la creación de un Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, operado por autoridades municipales, estatales y federales.