CARACAS. Las autoridades esperan presentar este viernes en tribunales a los dos centenares de jóvenes que fueron detenidos durante el desmantelamiento de cuatro campamentos opositores, lo que desató protestas callejeras en Caracas que dejaron un policía muerto.
Los detenidos permanecen recluidos desde la víspera en una instalación de la Guardia Nacional luego de ser arrestados durante el levantamiento de los campamentos, indicó una de los abogados de los detenidos.
Varios centenares de militares y policías nacionales arrestaron la víspera a 243 jóvenes que pernotaban en cuatro campamentos en el este de la ciudad, pero ya fueron liberadas 16 personas de las cuales 12 son adolescentes y cuatro padecen discapacidad auditiva, informó la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, en su cuenta de Twitter.
Dijo que hasta el momento desconocen los cargos por los que podrían ser imputados los jóvenes pero sostuvo que teme que "muchas personas" queden detenidas.
La abogada, que representa a su sobrina y dirigente estudiantil Noraly Quintero y a otros detenidos, indicó que las autoridades no han permitido a los defensores y familiares ver a los jóvenes arrestados ni revisar los expedientes de los casos.
El ministro de Relaciones Interiores, mayor general Miguel Rodríguez Torres, dijo que las autoridades tienen evidencias que desde los campamentos salían grupos a "cometer hechos terroristas, incendiar las cabinas del metro, incendiar patrullas de la policía, enfrentarse con bombas molotov y con armas a los cuerpos de seguridad", y agregó que "es impresionante la cantidad de droga que se consiguió en este sitio".
Rodríguez Torres informó que en los campamentos fueron incautados dinero en efectivo, fuegos artificiales, explosivos de bajo poder, pólvora, radios, teléfonos móviles, bombas molotov, bombas lacrimógenas, drogas y algunas armas de fuego.
Los familiares, abogados de los detenidos y activistas derechos humanos han rechazado los señalamientos del ministro y denunciado que los jóvenes opositores fueron arrestados sin cumplir los procedimientos legales.
Marino Alvarado, coordinador general de la organización no gubernamental local Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, afirmó que en el caso de los 243 detenidos "ninguna de las condiciones" que establece la constitución se cumplió debido a que los jóvenes que estaban en los campamentos "no estaban haciendo ninguna actividad que pudiera considerarse delito" y los arrestos se hicieron "sin que existiera alguna orden judicial que ordenara la detención".
"Todas las detenciones realizadas son inconstitucionales y arbitrarias en su totalidad", dijo Alvarado al asegurar que los jóvenes arrestados deberían ser liberados luego de su presentación en tribunales.
Las autoridades no han emitido hasta el momento comentarios sobre las denuncias de que no se habrían cumplido los procedimientos legales durante los arrestos.
El desmantelamiento de los cuatro campamentos, que fueron instalados hace más de un mes en el este de la ciudad por varios centenares de jóvenes en protesta contra el gobierno, generó protestas callejeras en Caracas que dejaron un saldo de un policía nacional fallecido y otros dos heridos por arma de fuego.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro se ha visto afectado desde febrero por una serie de protestas callejeras que se han registrado en Caracas y otras ciudades.
Universitarios y opositores, esencialmente de clase media, han salido a manifestar a las calles contra la desbordada inflación -que alcanzó en marzo una tasa anualizada de 59%-, el desabastecimiento y un alto índice de delincuencia.
Los violentos incidentes han dejado 42 muertos, 787 heridos y unos dos mil 500 detenidos, de los cuales 197 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General.