MADRID.- Una destacada líder independentista catalana prometió que seguirá adelante con el proceso secesionista de la región desde Suiza, a donde se marchó para evitar una pesquisa judicial sobre su participación en un intento ilegal de independencia del año pasado.
Anna Gabriel, la líder del partido antisistema Candidatura de Unidad Popular (CUP), dijo al diario suizo Le Temps que la investigación del Tribunal Supremo español tiene motivaciones políticas y será más útil a su formación desde Ginebra que "tras las rejas".
"No iré a Madrid", dijo en declaraciones publicadas por el diario este martes. "Ya que no tendré un juicio justo en casa, he buscado un país que pueda proteger mis derechos".
El expresidente de la región, Carles Puigdemont, y cuatro miembros de su gobierno también ignoraron la citación de las autoridades judiciales el año pasado y se encuentran en Bélgica.
En un primer momento, las autoridades españolas solicitaron la extradición de Puigdemont, pero más tarde retiraron la orden de arresto diciendo daban prioridad a cerrar la investigación sobre su vuelta al país. Puigdemont sostiene que quiere recuperar su cargo como presidente del gobierno de la región del noreste de España.
La marcha de Gabriel a Suiza supone un nuevo reto para las autoridades españolas en otro país europeo. El gobierno conservador de Mariano Rajoy tomó medidas contra todos los que desobedecieron las órdenes judiciales para frenar un referéndum independentista el pasado octubre y siguieron adelante con una declaración secesionista basada en los resultados de esa consulta.
El ejecutivo de Madrid cesó al gobierno de Puigdemont en pleno y convocó elecciones anticipadas. Pero los planes para formar un nuevo gobierno en la comunidad siguen en el limbo ante los obstáculos legales para reelegir a Puigdemont, a quien España considera un prófugo, y las desavenencias entre los secesionistas, que tienen una ligera mayoría en la cámara regional.
En un documento compartido el martes por la CUP, la abogada de Gabriel, Isabel Afonso, dijo al Tribunal Supremo que "no existe el derecho a un juicio justo en este caso" y que los derechos fundamentales de la activista reconvertida en política "se verían severamente comprometidos si aceptara voluntariamente tomar parte en el proceso".
El juez que instruye el caso, Pablo Llarena, no reaccionó de inmediato. El magistrado investiga a casi dos docenas de personas vinculadas con los hechos de octubre en Cataluña.
Dos de ellos comparecían el martes ante Llarena: Artur Mas, predecesor de Puigdemont al frente del gobierno catalán, y Neus Lloveras, presidenta de una asociación de alcaldes secesionistas. Ambos enfrentan posibles cargos por rebelión, sedición y malversación, que según la ley española pueden acarrear décadas de cárcel.