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Fue en su propio territorio: Ecuador confirma bombardeos contra grupos armados colombianos

Ecuador aseguró haber hecho operaciones militares dentro de su territorio en contra de grupos armados colombianos, mientras aumenta la tensión entre ambos países.

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Personal de la Fuerza Aérea destruye una pista de aterrizaje que sospechan que está siendo utilizada por aeronaves ilícitas, en Milagro, Ecuador, el lunes 16 de marzo. (AP Foto/César Muñoz) (Cesar Munoz/AP)

Ecuador reconoció, este martes, que ha ejecutado ataques contra grupos armados colombianos que han ingresado a su territorio y rechazó haber hecho operaciones dentro de Colombia.

Consultada sobre la denuncia de Colombia de que Ecuador ha bombardeado a ese país, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld aseguró en declaraciones a la red de televisión Teleamazonas que su país “tiene operaciones de ataque a campamentos de grupos irregulares” que no son ecuatorianos y aclaró que “son grupos que pasan nuestra frontera desde Colombia y están ubicados en territorio ecuatoriano”.

El presidente colombiano Gustavo Petro denunció la noche del lunes 16 de marzo que “ha aparecido una bomba tirada desde un avión... muy en la frontera con Ecuador” y destacó que el hallazgo concuerda con sus sospechas de que “están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados”.

Petro pide a Trump que ‘calme’ a Noboa

El mandatario colombiano no presentó evidencia, pero anticipó que divulgaría un video grabado desde Ecuador y añadió que le ha pedido a su par estadounidense Donald Trump que “actúe, llame al presidente de Ecuador (Daniel Noboa), porque no queremos ir a una guerra”.

En su cuenta de X, Noboa afirmó: “Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo” y precisó que continuará “bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”.

“Nadie quiere una guerra”, dijo la canciller ecuatoriana, pero advirtió que Ecuador no está dispuesto a que grupos criminales “sigan desarrollando, creciendo, amedrentando a la población (ecuatoriana) y creando violencia”.


Sin embargo, Petro insistió el martes en su denuncia y aseguró que han encontrado “27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble”, dijo en X sin especificar el lugar del hallazgo. “Las bombas están en el piso cerca a familias” e indicó que las familias de las presuntas víctimas han decidido reemplazar cultivos de uso ilícito de hoja de coca por los legales que ofrece su gobierno.

Petro pidió investigar “a profundidad” la bomba que habría caído a 100 metros de una vivienda en la frontera, citando el reporte periodístico del canal estatal RTVC, en el que presentaron una fotografía de un artefacto explosivo en el suelo de una zona rural sin identificar. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo en un video que desplegaron tropas para asegurar el área, verificar el artefacto y su posible destrucción.

Crisis arancelaria entre Petro y Noboa

La denuncia de la víspera de Petro agudizó la crisis entre los dos países que desde inicios de año mantienen una guerra arancelaria, luego de que Noboa reclamó la presunta falta de acción del gobierno colombiano para combatir la ilegalidad y el ingreso de drogas desde ese país, además de un déficit comercial de unos 850 millones de dólares.

Ecuador aumentó los aranceles a fines de ese mes al 30 por ciento a todos los productos colombianos y luego al 50 por ciento, en lo que denominó una tasa de seguridad.

Colombia, que ha negado el descuido de su frontera y afirma que ha desplegado a unos 11,000 militares al sector, respondió con tasas recíprocas, lo que ha dejado a empresarios, comerciantes y transportistas en medio del conflicto y afectados severamente.

Horas antes de la denuncia de Petro, Ecuador informó que iniciaría un diálogo con Colombia para buscar una solución a la crisis arancelaria en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

La Iglesia Católica hizo el martes un llamado a los gobiernos de ambos países a fortalecer el diálogo, abogando por el bienestar de las comunidades fronterizas y advirtiendo una “expansión de economías ilícitas” como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

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