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El fiscal ecuatoriano César Suárez fue asesinado a balazos, este miércoles 17 de enero, en la ciudad de Guayaquil, lo que a engrosado la abultada lista de funcionarios, agentes de prisiones y políticos cuyas vidas han sido arrebatadas, en los últimos meses, en atentados atribuidos a las bandas del crimen organizado.
Suárez, que investigaba el caso de la toma de un canal de televisión, el pasado 9 de enero, durante una oleada de atentados y acciones violentas vinculadas a estas bandas, se había hecho conocido Guayaquil, Ecuador, por sus indagatorias anticorrupción, sobre todo aquellas referentes a presuntas irregularidades en hospitales durante la pandemia por COVID-19.
Entre los casos más sonados investigaba presuntas compras y contratos irregulares por cantidades millonarias para hospitales públicos bajo sospechas de haber sido firmados con sobreprecio y de haber causado un perjuicio económico al Estado.
El fiscal también fue uno de los casos más mediáticos de la ola de violencia acontecida en diferentes ciudades de Ecuador y asumió el expediente de la toma del canal TC Televisión con el interrogatorio a los trece detenidos por ese asalto, entre os que se encontraban dos menores de edad.
Un día antes de su asesinato, Suárez había reclamado la falta de protección y resguardo, consciente de que podía estar en la mira de la organización criminal detrás de la toma de canal que, según la Policía, puede tratarse de ‘Los Tiguerones’, una de las 22 que el Gobierno de presidente Daniel Noboa a las que les ha declarado la “guerra interna” y las ha clasificado de grupos “terroristas”.
El asesinato de Suárez se dio en medio del estado de excepción por “conflicto armado interno” decretado por el Gobierno, de la misma forma que en la víspera fue asesinado un agente de prisiones en la amazónica provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia.
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Homicidios en Ecuador van al alza
Suárez fue asesinado de la misma manera que numerosas autoridades ecuatorianas que se enfrentan al crimen organizado y que han perecido acribillados por presuntos sicarios en una sanguinaria escalada de homicidios, que tuvo mayor conmoción en el atentado contra el candidato presidencial Fernando Villavivencio, en 2023.
Otros dos fiscales fueron asesinados, el año pasado, en Guayaquil, así como ocurrió con los magistrados Édgar Escobar y Leonardo Palacios, mientras que el juez Nelson Yánez, en la amazónica Lagro Agrio, corrió la misma suerte.
Las amenazas a los funcionarios del aparato de Justicia de Ecuador han alcanzado incluso a la fiscal general, Diana Salazar, quien denunció haber recibido amenazas de muerte contra ella y su familia desde números telefónicos desconocidos y aparentemente procedentes del extranjero, el año pasado.
Santiago Loza, director de la cárcel de El Inca, en Quito, fue acribillado en diciembre de 2022 y las directoras de las cárceles de mujeres de Esmeraldas y Guayaquil también sufrieron, en marzo de 2023, atentados similares donde lograron salir con vida.
Desde el año pasado se incrementaron los atentados contra autoridades ecuatorianas, entre ellos políticos, al vivirse la campaña más violenta de la historia de Ecuador.
Ahí fue asesinado a tiros Villavicencio, a la salida de un mitin electoral en Quito, por parte de un grupo de sicarios colombianos. Pocas semanas antes también había sido asesinado Agustín Intriago, alcalde de Manta y uno de los más populares del país.
Luis Chonillo, alcalde de Durán, sobrevivió a un atentado en el que murieron dos policías cuando se dirigía a su primer consejo municipal, en Guayaquil.
En los últimos meses, también fueron asesinados concejales, funcionarios municipales y líderes vecinales en una sucesión de crímenes que han contribuido a que en pocos años Ecuador se haya convertido en uno de los países más violentos del mundo.