Hoy, como nunca en toda la historia de Israel, el país se encuentra convulsionado. Disturbios, manifestaciones, llamados a la desobediencia civil, enfrentamientos entre distintas facciones parlamentarias incluso amenazas de una huelga general tienen al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu en una situación inédita en los 75 años de la existencia de este Estado.
Israel ha pasado por una serie de crisis y guerras regionales con sus vecinos árabes en las que destacan, por sólo citar algunas de las más relevantes, la guerra de 1948, la guerra del Yom Kipur, la guerra de los Seis Días, la Crisis Suez, la invasión al Líbano, en las cuales la unidad nacional de toda la población se hizo evidente cohesionándose en torno al liderazgo político en turno. Hoy Netanyahu ha logrado lo que ningún gobierno ya fuesen de izquierda, derecha, moderados o de coalición nacional, dividir a la sociedad israelí al punto en que algunos sectores de las fuerzas armadas se han rebelado contra el primer ministro amenazando en no atender los llamados del gobierno en caso de que la seguridad nacional se vea afectada.
Pero ¿qué ha detonado esta crisis? En días recientes la Knesset (parlamento israelí) aprobó la primera ley de reforma judicial, la cual forma parte de un proyecto mayor de reformas presentado desde enero de este año por la coalición ultraconservadora encabezada por el propio primer ministro. Esta ley implica fundamentalmente la pérdida de independencia de la Corte Suprema ya que a los jueces se les limita la capacidad para revocar decisiones del Ejecutivo, lo que implica que una mayoría de 61 legisladores podrá anular cualquier decisión de la Corte. Esta ley le da al poder ejecutivo el control además de las decisiones legislativas (al contar con la mayoría en el parlamento) de las decisiones judiciales, anulando la división de poderes lo cual es la base de todo sistema democrático.
El gobierno por su parte argumenta que el poder judicial interfiere demasiado en la legislación y acusa a la Corte de estar a favor de cuestiones liberales y antidemocráticas por la forma en que se seleccionan a los jueces, la nueva ley implica que el gobierno tenga la voz decisiva para nombrar a los jueces aumentando su representación en el comité que los elige, así los magistrados serán más afines al gobierno sin importar su formación y capacidad judicial. Una corte alienada a los deseos del Ejecutivo.
“La corte suprema no debe interferir en la voluntad del pueblo, los diputados han sido votados por el pueblo, los jueces no, en consecuencia, la Corte no puede estar por encima de la voluntad de la población” estas palabras expresadas en reiteradas ocasiones por el Primer Ministro Netanyahu nos resuenan a los mexicanos. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas mismas expresiones en las mañaneras?
Resulta interesante el paralelismo de la iniciativa presentada y aprobada por el parlamento israelí con las continuas declaraciones y esfuerzos del ejecutivo mexicano para debilitar a la Corte Suprema y con ello atentar contra la división de poderes.
Ha sido tema prácticamente de todos los días la forma en que López Obrador ha arremetido contra el máximo poder judicial de la Nación.
El hecho de que la Corte anulara la propuesta de reformas electorales contenidas en el llamado Plan B impulsado desde la 4T para modificar sustancialmente las facultades del Instituto Nacional Electoral, así como la declaratoria de inconstitucionalidad de otras leyes votadas al “vapor” por el Senado, exacerbó el discurso de AMLO contra el poder judicial y particularmente contra algunos de sus jueces y su presidenta la ministra Norma Piña.
Después del fallido intento por imponer a Yasmín Esquivel para dirigir los destinos de la Corte, este supremo poder ha estado bajo el asedio continuo del ahora llamado obradorismo.
No es asunto menor lo que se está viviendo hoy en las calles de Israel lo mismo que en otros puntos del planeta incluido México, el cuestionamiento a las instituciones fundamentales de la democracia erosiona los cimientos de los regímenes democrático-liberales y abre paulatina y progresivamente la puerta a gobiernos autoritarios y antidemocráticos con todo y que en el discurso se haga oda a la misma democracia.
La autora es Doctora en Relaciones Internacionales, especialista en Asuntos Globales y Política Internacional. Profesora investigadora de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey.
