Año con año, el Ejecutivo Federal presenta al Congreso de la Unión el paquete económico para el siguiente ejercicio fiscal, el cual comprende básicamente el documento de Criterios Generales de Política Económica, y los proyectos de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y del Presupuesto de Egresos de la Federación, (PEF) donde en este último, se detalla cómo se deberá distribuir el Gasto Neto Presupuestal del siguiente ejercicio fiscal.
A diferencia de la LIF, la cual debe ser aprobada tanto por la Cámara de Diputados como por la de Senadores, la discusión y aprobación del PEF, conforme lo dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, y ya es tradición que en este proceso, se “reasignen” partidas presupuestales, aumentando o disminuyendo el gasto propuesto por el Ejecutivo Federal, ajustándose estos cambios al total de Ingresos que se percibirán en LIF, la cual se aprueba primero.
No obstante son los Diputados Federales los que definen cuánto dinero se va a asignar en el Presupuesto de Egresos a los diferentes conceptos de gasto, agrupados en “Ramos Presupuestales”, en términos de lo dispuesto en los artículos 58, penúltimo párrafo, y 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), es facultad del Ejecutivo Federal realizar “Adecuaciones” al gasto aprobado, con la única responsabilidad de “informar” a los Diputados sobre las adecuaciones presupuestarias que en su conjunto observen variaciones superiores al 5 por ciento del presupuesto total.
De hecho, la fracción III del ya referido Artículo 58 de la LFPRH, establece la facultad de realizar “Ampliaciones y Reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos” sin previo aviso ni autorización por parte de la Cámara de Diputados, lo que de facto le otorga un cheque en blanco al Ejecutivo Federal para aumentar o disminuir los montos de gasto autorizados por los Diputados, a lo largo y ancho del presupuesto, sin límite alguno, y con plena autonomía de gestión.
Si bien en esa Ley se menciona una excepción o salvedad, contra reducciones al gasto autorizado, dirigido a la atención de la igualdad entre mujeres y hombres, a programas de ciencia, tecnología e innovación, así como a las erogaciones dirigidas al desarrollo integral de pueblos y comunidades indígenas y a la atención a grupos vulnerables, requiriendo para eso la opinión de la Cámara de Diputados, en la práctica, esta salvedad ha sido letra muerta.
De tal suerte, de nada sirve que los señores Diputados se rasguen las vestiduras al discutir, modificar y finalmente aprobar el proyecto de PEF, ya que es facultad del Ejecutivo Federal reconducir el ejercicio del gasto y aplicar “adecuaciones” presupuestales que no tiene que justificar ni solicitar aprobación alguna.
Si revisamos el último informe trimestral de las finanzas públicas, turnado al Congreso de la Unión para el periodo enero a septiembre de este año, podemos constatar que las “adecuaciones” representan en algunos casos, variaciones incluso superiores al total de los montos de gasto aprobados por el Congreso, como en el caso del gasto de la Secretaría de Energía, el cual ha aumentado de $46.0 miles de millones de pesos, a $111.4 miles de millones de pesos, lo que representa un sobregiro de 142.2 por ciento, ($65.4 mmp) el cual se explica, sin duda alguna, por el mayor costo de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco.
Otro proyecto insignia de esta administración, el Tren Maya, a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) también reporta “adecuaciones” a su presupuesto de 45.4 por ciento ($29.3 miles de millones de pesos), aumentando su gasto de $64.5 mmp aprobado, a $93.8 mmp ejercidos en el periodo enero a septiembre de este año.
En el caso del presupuesto aprobado a la empresa pública del ferrocarril del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el gasto ejercido reporta un incremento de nueve veces, pasando de $380.6 millones de pesos aprobados, a $3.6 mmp ejercidos, aunque por otro lado, de los $10.3 mmp aprobados de manera explícita para esta obra insignia que es el corredor interoceánico, solo reportan $2.8 mmp ejercidos, reportando un subejercicio, superior al 70 por ciento, sin que se detallen pormenores.
El Ejército reporta un sobregiro de $20 mmp, pasando su gasto de $103.6 a $123.6 mmp, la Marina pasa de $37.6 a $41.5 mmp, mientras que en otros rubros se aplican reducciones a los presupuestos aprobados por los Diputados, como en Salud, cuyo gasto se recorta en un 22 por ciento, (tres mil doscientos millones de pesos menos), y un fuerte decremento en el ramo 25, de previsiones para gasto en Educación, principalmente en CDMX, el cual prácticamente desaparece, pasando de $12.8 mmp aprobados, a solo $102.7 millones de pesos ejercidos.
En materia de Bienestar, los apoyos a órganos desconcentrados, como el Instituto Nacional de Desarrollo Social, su presupuesto se reduce de $793.7 millones de pesos, a solo $32.5 millones de pesos.
Como vemos, la discrecionalidad que ejerce el Ejecutivo Federal para usar su facultad de reconducir el gasto aprobado por los Diputados, es inmensa, y sin contrapeso alguno.
Se recomienda a nuestros 500 Diputados Federales, que revisen con detenimiento esta situación, y que legislen los cambios necesarios para que acoten esta ilimitada facultad de reconducción del gasto que tiene el Ejecutivo Federal, y que al menos los consulten previamente antes de desdibujar el presupuesto asignado y aprobado por ellos.
En otra nota, trataré este tema, a nivel Estatal.
