El objetivo de erradicar el uso indebido de la subcontratación laboral o outsourcing ha llevado a las autoridades a publicar una serie de reformas que afectan a 7 leyes federales e impacta a 4 organismos; adicionalmente afecta profundamente los modelos de operación de miles de empresas que actualmente operan haciendo uso de diferentes tipos de subcontratación, señaló el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo león (ICPNL).
“El plazo establecido de tres meses pone en riesgo el éxito de esta reforma debido a su alta complejidad. Además, la distinción en el inicio de la vigencia de la prohibición del uso de estos modelos para el sector gobierno hasta el 1 de enero del 2022, puede provocar una ola de amparos por parte del sector privado”, señaló Nora Flores, presidenta el organismo.
Detalló que la reforma publicada el 23 de abril, afecta a 7 leyes federales y 4 instituciones públicas, lo que implica el reto de homologar criterios a nivel nacional por cada dependencia y que no contradigan posiciones entre ellas.
“El reto adicional que conlleva el adecuar sus procesos, en todo lo relacionado a sistemas y capacitación, para recibir a las empresas en los trámites involucrados en un plazo tan corto de tiempo (90 días hábiles posteriores a la publicación de reglas por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)), puede llevar a errores o interpretaciones que llevarán a desgastes por parte de todas las partes involucradas”, indicó.
Agregó que, “recordemos que las cuidados y restricciones sanitarias por el Covid-19 persisten, lo que debe llevar a considerarlo respecto a la presentación de trámites, esperando sean en su mayoría por medios digitales o buzón tributario.
“La complejidad de esta reforma radica desde la definición de lo que es “Subcontratación de Personal” y “Servicio Especializado” o “Ejecución de obra especializada” en términos de la Ley Federal del Trabajo, pues su ambigüedad ante el universo de casos que existen en el mundo empresarial, pondrán en duda a muchos negocios para reconocerse si son sujetos o no a ella; pudiendo ser contradictario su razonamiento con el de alguna de las autoridades involucradas”.
El ICPNL señaló que no hay que perder de vista que miles de unidades de negocio, en Nuevo Léon y a lo largo del país, utilizan de alguna u otra manera, la figura de la subcontratación, lo que extiende el probable alcance de esta reforma y sus consecuencias en la operatividad y empleos generados.
“La variedad de aristas que tiene esta reforma obligará a que las empresas sujetas a ella, tengan que evaluar las implicaciones desde la perspectiva: laboral, fiscal, seguridad social, carga administrativa, modelo de negocio y sobre todo financiera e incluso relacionado con obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
“Se reconoce que algunos grupos empresariales optarán por aplicar reestructuras corporativas como solución, es decir, fusiones o escisiones, lo que llevará a requerir presentar trámites ante el SAT y demandar el uso de citas, un tema que sigue sin solucionarse del todo y donde se siguen presentando una alta demanda a nivel nacional”, explicó.
