Autoridades morelenses confirmaron este lunes la detención de Bethzabee 'N', viuda de Alfonso Isaac Gamboa Lozano, quien fue titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el sexenio 2012-2018, por el presunto asesinato de su esposo.
Gamboa Lozano murió el 21 de mayo pasado en el fraccionamiento Brisas de Temixco, Morelos, junto con cuatro familiares, dos hombres y dos mujeres.
De acuerdo con declaraciones del fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, el exfuncionario conocía información del caso 'Operación Zafiro'.
Dicha operación es una investigación sobre un presunto envío de recursos federales en beneficio del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo el jueves de la semana pasada a la esposa y viuda de Gamboa, junto con uno de los escoltas que brindaban seguridad al exfuncionario, en la zona de Campeche.
Entre las varias líneas de investigación que tiene la FGE del multihomicidio, se presume que Bethzabee 'N' habría facilitado las armas a los atacantes de Gamboa y de cuatro personas más, pero que también les otorgó el control del portón automático para ingresar al domicilio, sin tener que forzar la chapa.
Asimismo, se investiga que los exescoltas podrían ser los propios atacantes que habrían asesinado a Isaac Gamboa, sus hermanos y su madre, pero se presume también que se trataría de elementos de la Marina.
De igual modo, se informó que los familiares de las víctimas de este multihomicidio han solicitado proteccion a la autoridad federal, ante el terror que sembró la agresión hacia ellos.
La propia fiscalía estatal confirmó, a través de un comunicado, el arresto de la esposa del exfuncionario, como probable autora del delito, al igual que Jesús Manuel 'N', como co-partícipe de estos hechos en Temixco, esto con la colaboración de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Al momento, se desarrollan las diligencias, audiencias y actuaciones periciales que impiden a las autoridades ampliar y proporcionar detalles sobre el caso, toda vez que están obligados a respetar el debido proceso y con ello, garantizar a las víctimas el acceso a la procuración e impartición de justicia.