Los integrantes del Comité Interinstitucional de Energía del Estado de Baja California (CIE), que aprobaron las bases para la licitación de una central eléctrica fotovoltaica en la entidad, fueron denunciados ante la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHyFP) estatal y la Fiscalía General de la República (FGR) por abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, encubrimiento y desvío de recursos públicos.
Esto debido a una presunta ilegalidad dentro de la licitación que, tenía por objetivo, la prestación del suministro eléctrico para el gobierno estatal y sus entidades paraestatales.
Este motivo podría repercutir en la inhabilitación de los funcionarios y exfuncionarios acusados, de acuerdo con la Red Ciudadana para el Aprovechamiento del Agua y las Energías Renovables A. C., quienes presentaron la denuncia penal el 28 de septiembre ante la FGR y la administrativa ante la SHyFP el 9 de septiembre
Esta información fue dada a conocer luego de que la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, confirmara que la dependencia a su cargo negó al Gobierno estatal el permiso para construir la planta fotovoltaica que la administración de Jaime Bonilla presuntamente licitó a través del Comité Interinstitucional de Energía del Estado de Baja California y, que en su momento, se otorgó a la empresa NEXT ENERGY DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
El representante legal de la Asociación Civil que presentó esta denuncia, Iván Bautista Gómez, informó que los imputados son el exsecretario de Hacienda de Bonilla, Rodolfo Castro Valdez, quien presidía el Comité Interinstitucional al momento de la licitación (que actualmente se desempeña como Jefe de la Oficina del Gobernador Alfonso Durazo en Sonora); Salomón Faz Apodaca, Karen Postlethwaite Montijo, Marco Octavio Hilton Reyes y Miriam Lizbeth Álvarez Martínez, todos funcionarios en la administración bonillista.
“No podemos permitir que los abusos de autoridad queden impunes. El 26 de agosto la Secretaria de Honestidad y Función Pública de Baja California, Vicenta Espinosa, desestimó una denuncia anónima y ni siquiera se abrió expediente”, declaró Bautista, “ahí simplemente se protegió de manera impune a quienes autorizaron las ilegalidades; la Vicenta Espinosa ya no podrá desestimar las acusaciones que acreditamos jurídicamente, sin previamente iniciar la investigación correspondiente”.
El representante dijo que, previo a la licitación, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) debió haber autorizado la obra como se dio, pues la regulación de toda infraestructura que se cree en materia de industria eléctrica es de competencia federal.
“El Gobierno estatal de Baja California carece de toda atribución para haber convocado esa licitación por sí mismo y, cuanto más, promover el desarrollo del proyecto de generación y suministro de energía eléctrica”, señaló, “evadiendo ilícitamente los requisitos legales que se deben cumplir para un proyecto de esa magnitud”.
Hace tiempo, dijo el Director de la Red Ciudadana, la CRE ya ha negado la práctica de proyectos análogos a otras dos empresas: “Se puede concluir, sin lugar a dudas, que el proyecto de la Planta Fotovoltaica carecería de la anuencia de la autoridad competente y es totalmente ilícito, tal y como lo señaló en días pasados la propia Secretaria de Energía, Rocío Nahle”.
