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El gobernador saliente de Chihuahua, Javier Corral, fue denunciado hoy ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de traición a la patria, uso indebido de documentos, entre otros, presuntamente cometidos en su calidad de ciudadano norteamericano.
La querella fue interpuesta por el empresario Otto Valles Baca, quien acusó además haber sido víctima de persecución política por el mandatario, que hoy concluye su periodo al frente del Ejecutivo estatal.
El documento incluye delitos como el hecho de “votar a sabiendas que no cumple con los requisitos de la ley” y “proporcionar documentos o información falsa al Registro Nacional de Ciudadanos, para obtener el documento que acredite la ciudadanía”, así como otros previstos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Valles Baca, a través de su abogado Fernando Alarcón, señaló que Corral ocupó cargos públicos en México a pesar de que nació en la ciudad de El Paso, Texas, cuando la constitución establece como requisito explícito la necesidad de ser nativo de un estado de México o tener residencia efectiva en el mismo por un tiempo mínimo de cinco años.
El documento señala que Corral cuenta con dos actas de nacimiento; en una parece registrado en la ciudad texana y en la otra aparece como nativo de Ciudad Juárez.
Al no poder contar por obvias razones con dos registros, según la denuncia, el mandatario anuló la segunda, con lo que renunció a su nacionalidad mexicana.
No obstante, detalla que dicha acta, que fue debidamente anulada, sí la empleó para acreditarse como mexicano y poder inscribirse como candidato a la gubernatura y a otros cargos que en la víspera ocupó, como senador de la república y como diputado federal.
En el ocaso de su mandato, Corral ha recibido al menos otras dos denuncias más; una de su antecesor César Duarte, quien exige una indemnización por 3 mil millones de pesos por el daño moral ocasionado hacia su persona.
La denuncia para la cual ayer fue emplazado a juicio el aún gobernador, considera que se violó el debido proceso, los tratados internacionales y la presunción de inocencia de Duarte, toda vez que Corral habría actuado como juez, investigador y víctima durante todo el proceso.
Además, el diputado local priista, Omar Bazán, interpuso otra querella ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República, por presuntas irregularidades cometidas en su gobierno, que alcanzarían un daño al erario por más de 8 mil millones de pesos.