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Corte frena intento de Barbosa de controlar policía de capital poblana

Ante el incremento de inseguridad en la capital de Puebla, el gobernador pretendía sustituir a la policía municipal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión en contra de la orden del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, en la cual establecía que la policía estatal podría asumir las funciones de la policía municipal de la ciudad de Puebla.

“Se concede la suspensión solicitada por el municipio de Puebla. La medida surtirá efectos de inmediato sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente”, dice un acuerdo publicado este lunes.

El 24 de marzo pasado, el gobernador Barbosa publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el acuerdo impugnado en el que planteó un panorama ‘desfavorable’ en materia de seguridad para la ciudad de Puebla y la intervención de la policía estatal.

Dijo que no solo hay niveles altos de inseguridad, sino que los cárteles de la droga tienen presencia en la ciudad y mantienen una constante disputa entre ellos por el territorio, situación que significa un riesgo para los poblanos.

“De acuerdo con fuentes oficiales de seguridad federal, los remanentes del Cártel de los Zetas y la Familia Michoacana llevan operando por años en el estado. Mientras que remanentes del Cártel de los Beltrán Leyva y del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuentan con células criminales operando en la entidad, particularmente la ciudad de Puebla”, indicó Barbosa para justificar su intención de tomar el control de la seguridad en la capital poblana.

El gobernador estimó que la capital es una zona estratégica y sigue representando uno de los objetivos prioritarios del CJNG en el escenario de expansión y control territorial en la República Mexicana.

Lo anterior, ante las ganancias económicas generadas por la extracción ilícita de combustible o huachicoleo, con la consecuente incursión en otros mercados o actividades ilícitas como el control del narcomenudeo, extracción ilegal de rentas y la trata de personas, entre otros delitos de alto impacto.


Los efectos detallados de la suspensión no han sido publicados por la Suprema Corte por lo que se desconoce los alcances precisos de la resolución.