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Medios públicos necesitarán 400 mdp para operar en 2015

El presupuesto que requerirá el nuevo sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano contrasta con los 90 mdp que posee actualmente.

El nuevo Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que aglutinaría las señales de los cinco principales medios públicos del país (Canal 11, Canal 22 y TV UNAM, entre otros) requerirá de un presupuesto cercano a los 400 millones de pesos para operar en 2015, frente a los 90 millones que se le asignaron para 2014, según estimaciones de fuentes del sector.

Éstos recursos deberán ser asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación ante la imposibilidad que tienen los medios públicos de monetizar los espacios publicitarios. "Se necesitarían 300 millones de pesos para la compra de derechos y de producción independiente y de 100 a 120 millones para operar", detallaron.

El presupuesto debería mantenerse en años subsecuentes para poder ofrecer mejores contenidos y fomentar la producción de obras independientes de origen nacional, como establece la legislación.

La ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que emanada de la recién promulgada Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, establece candados a los patrocinios que los medios públicos pueden recibir. Por ejemplo, éstos no pueden tener el formato de anuncios comerciales, su duración no puede ser mayor a cinco segundos y no se pueden utilizar los slogans de las firmas, sólo su logo, nombre o razón social.

Además, los expertos señalaron que se requiere que la red de televisoras públicas que operan se expanda de 16 a 26 ciudades en el próximo año, para lo cual se requerirían 400 millones de pesos adicionales en la instalación de antenas y transmisores en áreas densamente pobladas. Según la legislación, el nuevo organismo podrá opinar sobre las producciones de los medios, sin embargo, no especifica ante cuál autoridad emitirá dicha opinión y tampoco clarifica si ésta tiene carácter vinculante.

Otra de las diferencias del nuevo marco legal es que la entidad ya no depende orgánicamente de la Secretaría de Gobernación e integrará un consejo ciudadano que debe ser aprobado por tres cuartas partes del Senado en los 90 días posteriores a su candidatura. "Esta medida es positiva, pues le da independencia al Sistema y el gobierno pierde ingerencia sobre los medios públicos", opinó una fuente consultada.


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