María Elena Estavillo, comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) espera que el Senado de la República defina antes del 10 de septiembre al comisionado que encabezará el Instituto para el siguiente periodo.
"Es la primera vez que estamos frente a la elección de presidente, espero que tengamos definición de comisionado presidente a tiempo, pero si no ocurriera, no debe haber preocupación", aseguró en el marco del foro "Telecomunicaciones y Radiodifusión: los retos que vienen", realizado en la sede del Senado.
El próximo 10 de septiembre Gabriel Contreras cumple 4 años al frente del IFT. En ese sentido, Estavillo reiteró que en caso de que llegada la fecha no se haya ratificado en un segundo periodo a Contreras Saldívar o nombrado a otro presidente, la titularidad quedaría a cargo de Adriana Labardini, tal como lo mandata la ley.
En el foro, la comisionada del IFT destacó que entre los principales retos del Instituto está reducir la brecha digital y avanzar hacia la pluralidad.
"Es una gran responsabilidad no solo para impulsar nuestro sector, sino también, porque la tecnología es un instrumento para poder incluir a una parte de la población que no ha tenido acceso a las mismas oportunidades", comentó.
Al ser cuestionada sobre las recomendaciones del estudio de la OCDE, aseguró que van a resultar muy útiles, dado que para cumplir con los retos, es necesario no solo actuar como autoridad reguladora sino también como autoridad de competencia.
Entre otros temas, adelantó que el Pleno del IFT ya está trabajando en la tarifa de interconexión que establecerá para que los rivales de Telcel le paguen a partir del 1 de enero de 2018 por terminar llamadas en su red, tras la eliminación de la tarifa cero, que impedía al operador cobrar a sus competidores.
"Haremos la publicación a tiempo para que haya certidumbre y también para que todos los operadores puedan hacer adecuadamente sus planes para el año entrante. Se hará pública antes del 1 de enero próximo", adelantó Estavillo.
Asimismo, el IFT está a la espera de que se dé el pronunciamiento respecto a los Lineamientos de los Derechos de las Audiencias tras aplazar la entrada en vigor de estos al 16 de noviembre del año en curso, debido a dos controversias constitucionales aún sin resolver.
"Sería más favorable una resolución de la Corte, para que todos tuviéramos un claro entendido de la constitucionalidad de estos preceptos", subrayó.