El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) estará bajo la administración y operación del ejército durante medio siglo, de acuerdo con la concesión otorgada a la paraestatal del mismo nombre revelaron fuentes al tanto de la operación a El Financiero, ya que, a diferencia de otros procesos similares, en este no se ha publicado ni la vigencia, ni los términos, ni el monto, alcance o condiciones de la misma, como establece la normativa vigente.
Pablo Casas, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas, señaló que el procedimiento de solicitud de concesión tuvo que realizarse antes de la construcción para revisar su factibilidad.
“Para que dieran la concesión, se tuvo que justificar las capacidades económicas, jurídicas, operativas, pero también exhibir planes maestros, programas de inversión, que son importantes porque se trata de una empresa del Estado, que va a usar fondos públicos. Pero no conocemos ni el Plan Maestro completo”, lamentó el experto.
Los 50 años concedidos al AIFA, una paraestatal conformada por capital del Estado, pero controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), están dentro de la Ley de Aeropuertos que otorga la posibilidad de una o más renovaciones por hasta medio siglo, sin embargo los detalles de la concesión, y de la obra aún no han sido publicados.
Este medio consultó a la SCT y Sedena sobre las razones de la omisión en la publicación del título de concesión, así como de los detalles, pero no respondieron a las solicitudes.
El 18 de agosto, en una ceremonia oficial, se entregó a la Sedena la concesión de la obra que registra un avance físico del 67 por ciento, sin que hasta ahora se conozca si se han presentado y aprobado los estudios técnicos, financieros y aéreos que la avalan, así como la entrega de los derechos del puerto aéreo al ejército.
La entrega de estudios no solo tuvo que presentarse para obtener la concesión, sino que tuvieron que ser analizados y aprobados por la SCT, indicó Rogelio Rodríguez, doctor en Derecho Aéreo y Espacial.
De no haber sido presentados y evaluados favorablemente, el título de concesión podría impugnarse, coincidieron ambos especialistas.
“En un ejercicio de transparencia (si se abre la información), podemos saber todos los mexicanos que se está construyendo un aeropuerto adecuado en términos de la Organización de Aviación Civil Internacional”, señaló Rodríguez, exdirector general adjunto de Transporte y Control Aeronáutico de la desaparecida DGAC (hoy Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).
Una vez entregado el título de concesión aeroportuaria, el ejército ya no podrá objetar “seguridad nacional” para no revelar información, pues dejará de ser una base militar, para ser, formalmente, un aeropuerto civil, con operaciones militares.
Rodríguez destacó que, en lugar de la paraestatal, la dependencia que tuvo que haber obtenido la concesión de Santa Lucía es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues el nuevo aeropuerto es complementario al AICM.
El Consejo de Administración del nuevo aeropuerto tendrá que fijar, en sus estatutos, que los ingresos por tarifas aeroportuarias, renta de equipos, entre otros, no irán a la Hacienda, sino que engrosarán el presupuesto de la milicia.
La empresa AIFA contará con un consejo de administración como cualquier empresa aeroportuaria, pero responderá a la Sedena.
“Esta empresa va a quedarse con los recursos bajo el acuerdo de su Consejo de Administración, dirigido por militares o dependiente de la Sedena: si ellos dicen que los recursos se queden en el ejército para proyectos o pensiones, así lo harán”, precisó Rodríguez Garduño.
Agregó que Santa Lucía obtendrá ganancias porque cuenta con el apoyo del gobierno, además que se prevé se otorguen beneficios para las aerolíneas que operen ahí.
Priva opacidad en información sobre el aeropuerto de Santa Lucía
Consultar la información relativa aeropuerto de Santa Lucia, así como los estudios de aeronavegabilidad, no sólo es complicado, sino que cuando se obtiene una respuesta favorable de la Sedena para poder observar los documentos únicamente de forma impresa, las hojas se encuentran completamente tachadas por recuadros negros.
El Financiero solicitó a la Sedena “los estudios de aeronavegabilidad” que respaldan el aeropuerto de Santa Lucía, sin embargo, el ejército respondió que tenía los documentos, más de mil 500 páginas, sólo se encuentran impresos.
Al acudir a consultar los documentos de forma presencial, El Financiero encontró que los documentos contaban con recuadros negros para consultarlos.
En total, los 10 tomos de levantamientos de obstáculos realizados por NavBlue se encuentran cubiertos por recuadros negros y si se quiere consultar la información de forma remota debe pagarse 700 pesos por copias simples o hasta 30 mil pesos por las certificadas.
El director general del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas, comentó que el aeropuerto de Santa Lucía carece de transparencia, y de los elementos para considerarse como un aeropuerto que cumple con normas internacionales.
“Todo lo que es el aeropuerto de Santa Lucía es literalmente una obra opaca, no hay información de nada, no tienen los planes maestros, no tienen nada de lo que implica la Ley de Aviación Civil y sus reglamentos, ni la Ley de Aeropuertos para poderlos construir”, precisó Pablo Casas en entrevista.