María Fernanda ‘N’, Riche Joannan ‘N’ y Eder Joaquín ‘N’, quienes se desempeñaban como policías municipales en activo del municipio de Naucalpan al momento de ser detenidos por elementos de la Fiscalía del Estado de México, fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad y tortura, en agravio de una mujer trans.
El 27 de julio del año pasado, la víctima se encontraba sobre la avenida Parque de Chapultepec, cuando se percató de que los policías jaloneaban a dos mujeres y a un hombre identificado como Carlos ‘N’.
La mujer se acercó para cuestionarle a los elementos de la policía sobre el motivo de la detención, a lo que ellos le contestaron que no se involucrara.
La víctima comenzó a grabar los hechos, y como respuesta, los uniformados la agredieron física y verbalmente, además de que solicitaron el apoyo de otras unidades policiacas.
Al llegar los refuerzos descendieron de las patrullas María Fernanda ‘N’ y Eder Joaquín ‘N’, que sometieron a la víctima y la obligaron a borrar el video, para después subirla a la unidad en el asiento trasero, donde la esposaron.
Ya sometida, los oficiales se dirigieron a la colonia San Miguel Atoto, donde los hoy investigados la golpearon en distintas partes del cuerpo para después obligarla a bajar de la unidad.
Tras la agresión, la víctima denunció los hechos de violencia al Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México, que tras labores de inteligencia identificó a los probables responsables y solicitó a un una orden de aprehensión en contra de María Fernanda ‘N’, Riche Joannan ‘N’ y Eder Joaquín ‘N’, por su probable participación en los delitos de abuso de autoridad y tortura.
Tras ser detenidos, los policías en activo de Naucalpan fueron ingresados al Reclusorio conocido como Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla, donde quedaron a disposición de un Juez de Control. Tras analizar los datos aportados y recabados por la Fiscalía, determinó su vinculación a proceso y un plazo de tres meses para la investigación complementaria, manteniendo la medida cautelar de prisión preventiva.
En caso de ser responsables podrían alcanzar una pena de hasta 30 años de prisión por el delito de tortura, y nueve años por el ilícito de abuso de autoridad.
