La Ley 3de3 tiene inconstitucionalidades que se deben resolver y que afectan a todos aquellos empresarios, estudiantes y demás población que reciben recursos públicos, afirmaron representantes de asociaciones y cámaras empresariales.
En conferencia de prensa Juan Pablo Castañón presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que la implementación del artículo 32 en sus incisos B y C provocaría un estancamiento del sistema y que fue justo lo que pidieron al presidente Enrique Peña Nieto, analizar y modificar dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Reconocieron que el 99.9 del Sistema está bien hecho y que la imposibilidad de cumplir con los requerimientos del artículo 32 que habla de las declaraciones patrimoniales, podría empañarlo.
Castañón reiteró que están en la voluntad y disposición que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione.
Por su parte Manuel Herrera, presidente de Concamin, enfatizó que de acuerdo con análisis de abogados, requerir declaraciones patrimoniales, fiscales y de interés de las personas morales y físicas que reciban algún tipo de recurso público, es inconstitucional y genera una preocupación en el sector privado.