De aprobarse la propuesta presidencial de reformas al Código de Comercio en materia de juicios orales mercantiles, "se acabará con los engorrosos procesos que tardan años para que se resuelvan en unos cuantos meses, en beneficio de las partes en conflicto", garantizó la subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía, Rocío Ruiz Chávez.
La funcionaria acudió como invitada a una reunión de trabajo de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, a la que también asistió el titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Mario Emilio Gutiérrez Caballero, quien también aseguró que desde que se aprobaron los juicios orales en 2011, cuando los conflictos mercantiles tardaban en promedio 400 días para resolverse, ahora demoran sólo 270 días.
Garantizó que la tendencia es que cada vez sea menor el tiempo, lo que ahorrará importantes recursos a las empresas y a los emprendedores.
Al encabezar la reunión, el presidente de la Comisión de Economía, el diputado priista Jorge Dávila Flores, expuso también que las reformas "propiciarán que nuestro país mejore en productividad, desarrollo y competitividad, con lo que tendrá mayor proyección en el mundo".
Insistió en la "utilidad que tendrá la agilización de ese tipo de procesos: primero, el de la conciliación entre las partes, que permite hacer más eficiente la operación, al reducir tiempos y juicios en las instancias correspondientes".
Y segundo -precisó- "que garantiza un menor costo para las partes involucradas, que en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, que aportan el 52% del PIB y el 72% del empleo formal, es muy importante, porque afecta el desarrollo de las empresas, ya que los administradores o los mismos propietarios son los que tienen que estar atendiendo ese tipo de juicios".
El legislador abundó -en entrevista- que los integrantes de la Comisión de Economía a su cargo ya analizan la iniciativa y se aprestan a enriquecerla, de modo que "permita al país mejorar en los rankings del Doing Business, que es muy importante para la apertura de más empresas y para no distraer de las ocupaciones fundamentales, que tienen que estar haciendo sobre todo los micro, pequeños y medianos empresarios en el seno de sus negocios".
Dijo que el proyecto que envió el primer mandatario "significa una mayor productividad, una mayor eficiencia, menos trámites burocráticos, menos obstáculos legales, una justicia más rápida, más expedita y, sobre todo, elevar la productividad y la competitividad de México, para poder generar más empleos, que es el objetivo que siempre hemos estado buscando en el seno de esta Comisión".