Esta semana, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un impuesto del 2 por ciento para aplicaciones de reparto de alimentos y mercancías; sin embargo, este nuevo gravamen provocó el disgusto de repartidores y consumidores, quienes pagarán por este incremento el próximo año.
De acuerdo con las adiciones al Código Fiscal de la capital mexicana, las plataformas digitales tendrán que informar a la Secretaría de Finanzas sobre el número de entregas mensuales que realicen y el pago de impuestos lo tendrán que hacer el día 15 de cada mes.
Esto significa que el cobro del impuesto será sobre el monto total de ventas y aplicará para aquellos que operen, utilicen o administren aplicaciones o plataformas informáticas para entregar paquetería, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía.
Ante esto, los principales afectados aseguraron que dicha alza resultará en una “modificación a la estructura de costos de las plataformas intermediarias y de miles de restaurantes, micro y pequeñas empresas, lo que tendrá inevitablemente un impacto en los precios que pagan los consumidores finales, incrementando la ya alta inflación y, con ello, afectando directamente el bolsillo de las familias mexicanas que demandan estos servicios”.
Además, acusaron que este gravamen es a todas “luces inconstitucional, ilegal, discriminatorio y discrecional”.
Por su parte, el gobierno de la CDMX justificó el incremento al afirmar que la pandemia de COVID-19 aceleró el crecimiento del comercio electrónico y benefició económicamente a las empresas dedicadas a la entrega de alimentos, por lo que “deben contribuir” con algo a los ingresos de la Ciudad de México.
“Dicha política de restricción ha provocado una aceleración vertiginosa en el crecimiento del comercio electrónico, entre ellos destaca el sector de la entrega de alimentos, mercancías o víveres. Lo anterior, presenta nuevos retos de gobernabilidad en materia fiscal, regulatoria y de movilidad, a fin de poder estar en condiciones para establecer políticas impositivas que beneficien a los usuarios de dicha economía digital”.
Actualmente, el gobierno capitalino cobra un impuesto de 1.5 por ciento a las plataformas que ofrecen transporte privado como Uber o DiDi. El recurso recaudado se destina a proyectos de movilidad y de sustitución y modernización de la flota de taxis públicos.