10 tendencias en el Gobierno de AMLO
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10 tendencias en el Gobierno de AMLO

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10 tendencias en el Gobierno de AMLO

bulletEstas son algunas líneas de lo que podría ser, al menos en los primeros años, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Enrique Quintana
13/12/2018
Toma de protesta de AMLO como presidente de México en el Congreso de la Unión.
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El gobierno, que comenzó el 1 de diciembre, en realidad había funcionado desde meses atrás. Integró a su equipo de trabajo desde la campaña, tomó decisiones relevantes antes de llegar, propuso iniciativas legales aprovechando su mayoría en el Congreso, entre otras cosas.

Sobre esa base se pueden dibujar algunas líneas de lo que podría ser, al menos en los primeros años, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la información que existe, la propuesta fiscal para 2019 se caracterizará por preservar la disciplina de las finanzas públicas. Esto se reflejará en la programación de un superávit primario de 1 por ciento del PIB.

Las cifras estimadas para el cierre de 2018 indican un saldo superavitario de 0.7 por ciento del PIB, por lo que el resultado de 2019 implicará mayor disciplina fiscal que la de este año en el gobierno de Peña.

AMLO es un conservador fiscal, a pesar de que hay algunos que lo describen con la imagen de populista, suponiendo que va a hacer uso del gasto público de manera laxa para llevar a buen término sus propósitos.

Si AMLO pudiera hacerlo, pero sin alterar la disciplina del gobierno, seguro que lo haría. Sin embargo, al tiempo que tiene una tendencia que lo conduce a proponer programas sociales de diversa índole, también le disgusta que los gobiernos se endeuden.

En su periodo como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, hubo un crecimiento moderado de la deuda, aunque debe decirse que, en ese caso, requería autorización del Congreso federal.

Para conocer la perspectiva fiscal de mediano plazo será necesario conocer la programación multianual de las finanzas públicas, incluyendo las estimaciones del superávit primario durante toda la gestión de AMLO.

A diferencia de otras administraciones del pasado, que eran plenamente conscientes de la importancia de una buena relación con los mercados financieros, en el caso de AMLO no hay esa percepción. De hecho, existe la idea de que los mercados no deben condicionar las decisiones de las políticas públicas.

Esa percepción no es compartida por integrantes clave del equipo económico, particularmente de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Carlos Urzúa, y tampoco por el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, quienes dentro del gobierno insistirán en el gabinete en tomar en cuenta la reacción de los mercados a sus decisiones.

A lo largo de la gestión de AMLO veremos seguramente una tensión permanente entre quienes son indiferentes al efecto que las medidas de política pública tienen en los mercados y quienes están muy preocupados por ese impacto.

Tal vez, como nunca antes, tendremos un proceso de reestructuración profunda del gasto público. Habrá un incremento de la inversión pública, que a lo largo de la administración de Peña Nieto cayó fuertemente. Los recursos para fondear ese aumento saldrán de la reducción de los gastos de operación del sector público. Se aprecia ya en toda la administración federal una fuerte compactación de estructuras y una sensible reducción de personal. Además, la baja de salarios y prestaciones de los servidores públicos también permitirá ahorros. Otra fuente importante de dinero derivará de la cancelación de programas sociales en los que hay duplicaciones o uso ineficiente de los fondos públicos.

De hecho, en la historia de la administración pública mexicana será la primera ocasión en la que haya una reducción de estructuras públicas de modo importante.

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Braulio Tenorio

De acuerdo con la información que se ha hecho pública, el gobierno de AMLO ya no seguirá licitando bloques de hidrocarburos, ni para exploración ni para extracción. Aunque hay algunos integrantes del equipo económico que señalan que sería conveniente seguir con ellas, funcionarios clave de la Secretaría de Energía, empezando por su titular, Rocío Nahle (y lo más importante, el propio AMLO), rechazan que continúen. Sin embargo, hasta ahora no existe la intención de revocar los contratos de los bloques ya asignados.

En consulta con algunas empresas, hay varias que están considerando la posibilidad de desistirse de realizar los proyectos comprometidos anteriormente, asumiendo las pérdidas de las inversiones realizadas debido a la circunstancia de incertidumbre que prevalece en tan importante sector. El objetivo que persiguen es no invertir más para no poner en riesgo mayores recursos. En cualquier escenario, las perspectivas para la reforma energética en hidrocarburos implican un freno en el mejor de los casos y en el peor, una lenta extinción.

En contraste, es probable que Pemex reciba en los siguientes años importantes inyecciones de recursos adicionales que le permitan incrementar su actividad de manera relevante.

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La cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto de Texcoco marcó un antes y un después en el tema de la confianza de los inversionistas en la nueva administración de López Obrador, pues hubo la percepción de que hay riesgo de que proyectos acordados en el pasado puedan ser terminados discrecionalmente, así sea en el marco legal de lo que permiten los contratos suscritos. En el caso del aeropuerto, hubo avenencia de parte de las empresas contratistas, pero hay un riesgo mucho mayor en el caso de los tenedores de los ‘bonos verdes’ colocados en los mercados internacionales. En el ámbito de los temas que tienen que ver con la confianza de los inversionistas, también veremos una tensión permanente entre las fracciones del gobierno o del Congreso a quienes no interesa generar confianza de las inversiones y quienes perciben que esa relación con empresarios e inversionistas es fundamental. Episodios con como el relativo a la propuesta de Morena para la desaparición de las comisiones bancarias es un ejemplo de la tensión que se va a vivir en la definición de algunos aspectos de las políticas públicas en la administración de López Obrador.

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AMLO recibió el ritual de purificación y Bastón de Mando de pueblos indígenas de MéxicoEnrique Ortíz

Durante su discurso de toma de posesión, el presidente López Obrador señaló que los precios de las gasolinas solo se incrementarían en el porcentaje de la inflación esperada. Según declaraciones de funcionarios de Hacienda, esta será del orden de 3.5 por ciento. Para instrumentar lo que señaló AMLO, tendrá que modificarse la política de precios para volver a un esquema de controles, que eventualmente van a impactar en el impuesto (IEPS) que se cobra a las gasolinas. La suerte de las finanzas públicas dependerá de lo que suceda con los precios internacionales, así como con el tipo de cambio. Si la gasolina importada baja de precio y el dólar se mantiene estable, entonces podría haber recursos adicionales por el IEPS a las gasolinas. Pero si aumentaran los precios gobales, entonces los ingresos por IEPS bajarían o incluso podrían desaparecer y obligar a un subsidio.

Esta política va a generar un elemento adicional de incertidumbre en las finanzas públicas.

En el caso de los productos básicos, como maíz, frijol, trigo o leche, existe la intención de establecer nuevamente precios de garantía para los productores, con el objeto de asegurarles un ingreso.

No está claro todavía si esto repercutirá en mayores precios a los consumidores finales o si el gobierno terminará aplicando subsidios y permitirá que se vendan a precios de mercado, aunque en realidad se haya pagado más en la adquisición de esos productos.

En conjunto, pareciera que regresa parcialmente una política de control de precios en la que eventualmente podría haber subsidios importantes a diversos rubros de la economía y que generen presiones adicionales sobre las finanzas públicas.

De acuerdo con las reformas a la ley orgánica de la administración pública, habrá compras centralizadas para el gobierno federal por parte de la Secretaría de Hacienda. Con ello, se pretende cerrar espacios a la corrupción controlando la totalidad de las licitaciones importantes del gobierno federal. Adicionalmente, esa ley también concentrará en una sola persona las diversas delegaciones que hoy tiene el gobierno federal en los estados. Ello permitirá un mayor control del flujo de recursos del gobierno federal a las entidades federativas. Estas dos decisiones ilustran la clara tendencia a la centralización en el manejo de los recursos del gobierno de AMLO. Es probable que, por lo menos en la primera mitad de 2019, esta circunstancia impida un flujo ágil de los recursos del gasto público y, por lo tanto, tengamos fuertes retrasos en el pago a proveedores del gobierno federal y una mayor lentitud en los procesos de licitación, que abone al freno de la actividad económica el próximo año.

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Una encuesta realizada por El Financiero a finales de noviembre indica que mientras la intención de voto por Morena supera el 40 por ciento, los partidos tradicionales como el PAN y el PRI apenas reúnen algo así como el 10 por ciento de las intenciones de voto.

Se percibe claramente que el sistema político mexicano, que desde 1997 se basó en una división de poderes donde ninguna fuerza política tenía mayoría, se enfrenta ahora a una circunstancia en la que Morena y sus aliados tienen un control legislativo absoluto

No serán necesarios procesos de negociación en el Congreso para modificar leyes y el Presupuesto de Egresos podrá aprobarse con toda facilidad. Y será poco lo que se tenga que ceder para procesar incluso reformas constitucionales, que implican una mayoría calificada, es decir, por arriba de dos terceras partes.

No se conoce aún con exactitud todo lo que estos procesos políticos van a implicar en la definición de políticas públicas, pero en el primer periodo de sesiones del Congreso, se percibe claramente que las decisiones de AMLO pueden materializarse de manera más rápida y sin mayores cambios.

La clave para la redefinición del sistema político mexicano ocurrirá en las elecciones de 2021, de medio término. Si López Obrador mantiene el respaldo que tiene por ahora, es probable que amplíe su mayoría en la Cámara de Diputados y que logre ganar las gubernaturas en más de la mitad de los estados del país.

Dos de las instancias que pueden ejercer un contrapeso al enorme poder centralizado de la presidencia de la República serán el Banco de México (Banxico) y la Suprema Corte.

Por mandato constitucional, Banxico debe trabajar para que haya una inflación baja y estable, lo que implica prudencia en las cuentas fiscales. De los dos nuevos integrantes del organismo que llegarán a la Junta de Gobierno próximamente, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, no se puede sospechar que vayan a abogar por un banco central subordinado al presidente. Sin embargo, será clave el nombramiento que haga del nuevo gobernador, pues Alejandro Díaz de León termina su mandato en 2021.

La Suprema Corte de Justicia tiene 11 ministros y su diseño impide que algún presidente pueda proponer a la mayoría .

A lo largo de todo el sexenio de AMLO siempre habrá más ministros que llegaron antes de que él fuera presidente. Si la Suprema Corte actúa como un poder autónomo y sin compromiso para ejercer un control de la constitucionalidad de las leyes, establecerá una gran certeza jurídica.

Si no lo hace, puede haber una severa debilidad institucional de largo plazo en el país.

Quizás como ninguna otra, la gestión de AMLO en la Presidencia de la República va a ser vigilada no solo por los organismos públicos que tienen esa encomienda, como la Auditoría Superior de la Federación, sino también por los más diversos grupos de la sociedad civil que harán un seguimiento meticuloso de las acciones que emprenda y de sus resultados.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto se configuró una densa red de organizaciones, que van desde las representaciones empresariales hasta las universidades, tanto en México como en el extranjero.

Guste o no a AMLO, los propios mercados financieros, con los que México tiene una intrincada red de relaciones, van a reaccionar con oportunidad y determinación a aciertos y errores.

Así se vio en el periodo de transición y en los primeros días del nuevo gobierno.

Luego de esta exposición de diez puntos que permiten configurar algo de lo que puede ocurrir durante la administración de López Obrador, ¿podemos concluir que habrá beneficios para el país al final de su mandato? ¿O estamos entrando a una etapa en la que habrá crisis como no las hemos visto en las últimas décadas en México?

Es muy todavía muy pronto para poder dar una respuesta.

Existen las dos posibilidades dentro del gobierno y la personalidad del presidente López Obrador.

La visión pragmática, que se adapta al entorno y que ejerce el poder con mesura y cuidado. Y la visión mesiánica, que expresó en su toma de posesión a través de la recepción del bastón de mando por parte de las comunidades indígenas del país, en una ceremonia mística que se realizó en el Zócalo de la Ciudad de México.

Esas dos tendencias de AMLO se expresarán también en impulsos a veces opuestos en sus acciones de gobierno, lo que ya se ha visto en los primeros días de su gestión.

Quizás a México, en esta “Cuarta Transformación” que pretende AMLO, le esté cayendo la conocida maldición china que dice: “que vivas en tiempos interesantes”.

No me queda duda, ya los estamos viviendo en estos momentos.