Sociedad

Policías de San Fernando participaron en matanza masiva de migrantes: PGR

La Procuraduría General de la República reveló que durante la matanza masiva de migrantes ocurrida en el pueblo de San Fernando, Tamaulipas, participaron agentes de la policía local en colaboración con el cártel de Los Zetas.
AP
22 diciembre 2014 19:10 Última actualización 22 diciembre 2014 19:53
Menores inmigrantes centroamericanos viajan a bordo del tren conocido como La Bestia. (Reuters)

Menores inmigrantes centroamericanos viajan a bordo del tren conocido como La Bestia. (Reuters)

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría General de la República dio a conocer que la policía municipal de San Fernando, Tamaulipas, estuvo involucrada en la matanza de migrantes ocurrida en 2011 a manos del cártel de Los Zetas.

Una tarjeta informativa de la PGR enviada a The National Security Archive, organización no gubernamental estadounidense que solicitó la información, reveló que agentes de esa localidad tamaulipeca participaron en "labores de halconeo" (vigilantes al servicio de los cárteles), en la detención de los migrantes y en su posterior entrega a Los Zetas.

Aquí puedes ver el documento de la PGR recibido por The National Security Archive.

De hecho, a mediados de 2011 hubo muchos secuestros masivos de indocumentados que viajaban en autobuses con la intención de cruzar ilegalmente la frontera con Estados Unidos y que fueron atribuidos a la delincuencia organizada.

El documento detalla que los agentes ayudaban a la organización de los Zetas, que se encargaban de la "intercepción de personas", y que incumplían con su deber porque no actuaban frente a delitos de los Zetas, de quienes "recibían pago".

Esta es la primera vez que la PGR desclasifica documentos relacionados con alguna de las tres masacres contra inmigrantes ocurridas en el norte del país en los últimos años: los 72 migrantes asesinados en San Fernando en agosto 2010; los al menos 193 cuerpos encontrados en 47 fosas clandestinas también en San Fernando entre abril y mayo de 2011, y los 49 torsos localizados en Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2012.

La desclasificación coincide con la crisis generada por el caso Iguala, en el que también fueron policías locales vinculados con el crimen organizado los que atacaron a los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos el pasado 26 de septiembre.

La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, uno de los colectivos que asesora a las víctimas de San Fernando, ya había denunciado la participación de autoridades en esos crímenes.

Su directora Ana Lorena Delgadillo dijo que el documento desclasificado ahora confirma "el grado de participación de la policía".

"Es un paso muy importante para ir abriendo el derecho a la verdad", dijo Delgadillo, aunque lamentó que la tarjeta informativa desclasificada siga sin dar muchas respuestas porque, aunque menciona que se investigó a 18 agentes, no aclara cuántos procesos se iniciaron, ni el estado de los mismos.

"Hay confusión también en los delitos que se les imputan porque no se distingue entre funcionarios públicos y miembros del crimen organizado y sus responsabilidades son diferentes, y tampoco se mencionan delitos de tortura aunque los cadáveres de las fosas presentaban huellas de ello", explicó.

La Fundación lleva años solicitando el acceso a los expedientes en su labor de defensa de las víctimas y aunque un juez le dio la razón este año, la fiscalía recurrió y actualmente la Corte Suprema de México analiza el caso.

La Procuraduría, junto con la Fundación para la Justicia, el equipo de Antropólogos Forenses Argentinos y otras ONG firmaron en septiembre de 2013 un convenio para identificar y buscar la causa de muerte de al menos 314 migrantes asesinados en el norte de México en las tres masacres mencionadas.