Sociedad

Manifiestan ONG preocupación por líderes de tribu yaqui 

El Tribunal Colegiado confirmó la orden de aprehensión en contra del activista Mario Luna, por delitos de privación ilegal de la libertad agravada y robo por dos o más personas.
Sandra Marina
18 junio 2014 19:34 Última actualización 18 junio 2014 20:58
Tribu yaqui está en desacuerdo con la operación del proyecto Acueducto Independencia (Archivo/Cuartoscuro)

Tribu yaqui está en desacuerdo con la operación del proyecto Acueducto Independencia en Sonora. (Archivo/Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO.-Organizaciones sociales advirtieron la persecución del gobierno de Sonora contra la tribu yaqui, particularmente de sus líderes Mario Luna y Tomás Rojo- en el conflicto suscitado por la construcción y operación del megaproyecto hidráulico Acueducto Independencia, promovido por el gobierno estatal.

Explicaron que Mario Luna Romero, también vocero y defensor de derechos humanos, ha actuado en la defensa legal que la tribu yaqui, ha emprendido en contra de la construcción y operación del Acueducto, el cual pretende trasladar el agua del Río Yaqui, que pertenece 50 por ciento a la tribu, a la Cuenca del Río Sonora.

Sin embargo, en conferencia de prensa informaron que a principios de este mes el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito en Hermosillo confirmó la orden de aprehensión en contra del activista Mario Luna, por lo delitos de privación ilegal de la libertad agravada y robo cometido por dos o más personas.

CJN reconoce el derecho a la consulta

Comentaron que en un hecho histórico para los derechos indígenas en México, el 8 de mayo de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la violación del derecho a la consulta de la Tribu en la emisión de la Autorización de Impacto Ambiental del Acueducto Independencia.

Además, la SCJN ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dejar sin validez la autorización y llevar a cabo una consulta, donde las autoridades yaquis tienen un papel fundamental.

Úrsula Garzón, representante de la organización Centro Mexicano de Derecho Ambiental, comentó que las acusaciones en contra de las autoridades yaquis no están fundamentadas, ni motivadas.

“Ignoran el artículo segundo constitucional que establece que como miembros de una comunidad indígena con usos y costumbres se les reconoce autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos y que además prevé el uso del sistema de justicia indígena para solucionar los conflictos internos en las comunidades y pueblos indígenas".

Agregó que las acusaciones ministeriales contra los activistas -formulados a raíz de bloqueos de carreteras (8 de junio) y la manifestación que la tribu yaqui realizó el 28 de mayo de 2013 en la Autopista Federal 15 para exigir el incumplimiento de la SCJN- presentan “muchas dudas y contradicciones”, además de que la ubicación y participación de Mario Luna, Tomás Rojo y de los supuestos responsables en los hechos “no es clara”.

“Todo esto es preocupante porque se ha visto que el sistema penal puede ser utilizado para criminalizar a los líderes y defensores del territorio de los pueblos indígenas que se oponen al proyecto hidráulico… Además de que esta situación tensa y pone en riesgo el proceso de consulta ordenado por la SCJN”.

Ante este panorama, las organizaciones solicitan al Estado mexicano “protección y prevención ante cualquier agresión, ataque, encarcelamiento y detención que pueda sufrir Mario Luna, Tomás Rojo y los demás líderes, además de que exigieron al Procurador de Justicia del Estado de Sonora, Carlos Navarro Sugich, se desista de la acción penal.

Informaron que el pasado 11 junio, ong´s enviaron una carta al Secretario de Gobernación para manifestar su preocupación y rechazo por la sentencia que confirma la orden de aprehensión contra Mario Luna.

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México; Rodrigo Gutiérrez, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; y Alicia Carriquir, de la asociación civil Fian-Espacios Desca.

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