Sociedad

Gobierno de Sonora 'rompe relaciones' con Grupo México

El titular de la Unidad Estatal de Protección Civil en Sonora, Carlos Jesús Arias, aseguró que el gobierno local rompió relaciones con Grupo México y que usarán la fuerza pública para entrar a las instalaciones en Cananea y verificar el cumplimiento de las sanciones impuestas a la minera por el derrame del 6 de agosto.
Demian Duarte / Corresponsal
19 septiembre 2014 20:12 Última actualización 19 septiembre 2014 20:29
Instalaciones de Grupo México en la mina Buenavista del Cobre clausuradas por Profepa. (Cortesía Profepa)

Instalaciones de Grupo México en la mina Buenavista del Cobre clausuradas por Profepa. (Cortesía Profepa)

HERMOSILLO.- El gobierno de Guillermo Padrés en Sonora decidió romper relaciones con la empresa Industrial Minera México por que considera que la firma sigue derramando tóxicos sobre el Río Sonora de manera deliberada, lo que agrava los problemas de contaminación en la zona afectada por el derrame de sulfato de cobre del pasado 6 de agosto.

Carlos Arias, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, manifestó lo anterior y anunció el rompimiento de relaciones institucionales con la mina Buena Vista del Cobre de Grupo México al detectar que sigue operando de manera irregular tras las suspensiones y cometiendo un delito ecológico al hacer descargas deliberadas de tóxicos al Río Bacanuchi tras el derrame que afectó a más de 25 mil pobladores del Río Sonora.

“El gobierno del estado rompe totalmente cualquier tipo de relaciones con la empresa minera de Cananea”, dijo Arias en conferencia de prensa.

Aseguró que esta situación es totalmente irregular y que la compañía que opera la mina Buenavista del Cobre está fuera de toda norma pues violó sellos de clausura impuestos por Protección Civil al incumplir con el diagnostico de riesgos que por ley debió presentar en la ampliación de trabajos que viene haciendo a su planta concentradora de cobre.

Señaló que estos trabajos tampoco tienen permiso de uso de suelo por parte de las autoridades municipales ni licencia de construcción.

Sostuvo que fue el día 18 de septiembre la última ocasión en la que les fue negado el ingreso a la mina, por lo que se inició un proceso legal que puede incluir el uso de la fuerza pública para hacer valer la ley.

"Independientemente del proceso legal que ya iniciamos, vamos a volver a ir y vamos a entrar con la fuerza pública. La próxima vez que yo vaya a la mina de Cananea voy a ir con la fuerza pública y voy a entrar a verificar que se cumplan las sanciones que Protección Civil ordenó", dijo en rueda de prensa.

Incluso presentó fotografías tomadas el 24 de agosto donde se observa equipo de bombeo de la empresa para hacer descargas al arroyo las Tinajas y de ahí al Río Bacanuchi, sobre el represo provisional que se construyó el 7 de agosto para contener el derrame, lo que consideró “una acción criminal de la empresa”.

Señaló que este derrame deliberado ya fue notificado a las autoridades federales mediante denuncia a la Conagua y la Profepa el 3 de septiembre para que se integre al expediente que se sigue en contra de la empresa y deslindar responsabilidades de tipo civil y penal.

Arias informó también que se verificará el programa interno de protección civil que la empresa debe tener.