Sociedad

Posible despenalización del aborto en Guerrero provoca enfrentamiento

El gobernador de la entidad, Ángel Aguirre Rivero, firmó y envió una iniciativa de Ley para Despenalizar el Aborto antes de la semana doce de gestación, para su análisis y aprobación por parte del congreso local.
Enrique Villagómez / Corresponsal
07 junio 2014 17:44 Última actualización 07 junio 2014 18:8
[El DF se está convirtiendo en "la ciudad del turismo médico del aborto", señala el legislador Orlando Anaya. Cuartoscuro] 

(Cuartoscuro/Archivo)

ACAPULCO.- La urgencia que tiene el gobierno de Guerrero para lograr que se apruebe la iniciativa de Ley que despenalizaría el aborto en el estado, provocó que este viernes se suscitara un ríspido enfrentamiento entre legisladores locales e integrantes de grupos que defienden el derecho a la vida, durante un foro de análisis que se llevó a cabo en la zona turística de Acapulco.

La negativa para que grupos organizados de la sociedad civil y representantes de cuerpos colegiados que se oponen a la aprobación del aborto en Guerrero, pudieran ingresar al foro donde la ministra Olga Sánchez Cordero, se reunió con los diputados locales para presentarles argumentos jurídicos que avalarían la interrupción legal del embarazo, provocó que se registraran discusiones y algunos empujones que no llegaron a más, gracias a la seguridad del hotel que fue sede del evento.

“Su postura de ella ha sido a favor de la despenalización del aborto, entonces que no nos venga con el cuento que viene a dar argumentos jurídicos porque en el caso del Distrito Federal, ella no presentó ningún argumento de fondo”, acusó María de la Luz Reyes Ríos, presidenta del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero A.C.

A principios del pasado mes de mayo, el gobierno de Guerrero que encabeza Ángel Aguirre Rivero, firmó y envió una iniciativa de Ley para Despenalizar el Aborto antes de la semana doce de gestación, para su análisis y aprobación por parte del congreso local.

Sin embargo, decenas de organizaciones sociales que defienden el derecho a la vida, así como representantes de diversas iglesias e incluso grupos colegiados de profesionistas, han manifestado abiertamente su oposición a esa medida, y han pedido a los diputados locales que voten en contra de la iniciativa porque “atenta contra la unidad familiar”.

“Lo que venimos a exigir es que se hagan foros abiertos a la ciudadanía en las siete regiones de Guerrero, porque Acapulco no es todo el estado”, reclamo Celina Mejía Peñaloza, dirigente de la Asociación Civil Ciudadanos Solidarios de Chilpancingo.

Para la abogada constitucionalista Ingrid Tapia Gutiérrez, la insistencia del gobierno de Guerrero para que se apruebe la despenalización del aborto como una medida para contrarrestar la clandestinidad de este rubro, sólo demuestra ignorancia o complicidad para gestar un gran negocio que reporta millones sólo para unos cuantos.

“Estadísticamente el sector salud de Guerrero ha demostrado que sólo tiene capacidad para que un ginecólogo atienda a dos mil mujeres en las zonas urbanas, y uno para cada cuatro mil mujeres en el área rural, entonces la pregunta es; quien va a realizar los abortos, si la realidad demuestra que no hay capacidad ni para atender los partos”, cuestionó la declarante.

De acuerdo con la abogada, el sector salud del Distrito Federal se encuentra incapacitado operativamente para realizar la interrupción del embarazo, por lo que el gobierno de Miguel Mancera subroga esta atención medica a una empresa particular denominada “Marie Stopes”, que cuenta con seis clínicas entre ellas una VIP, y a la cual le paga en promedio 18 millones de pesos anualmente por cada centro hospitalario.

Lo que nos da a pensar tanta insistencia para que se apruebe la iniciativa, es que se está pensando en generar un negocio o un nicho de mercado donde el gobierno del estado de Guerrero, contrate a estas clínicas particulares para que subroguen y presten los servicios, lo que me parece claramente que eso es lucrar con la necesidad y la salud de las mujeres de su propio estado”.

Tapia Gutiérrez, quien ha encabezado la asesoría legal en 17 estados donde se ha pretendido establecer la interrupción legal del aborto, calificó esta medida como una política de salud fallida en el Distrito Federal, porque a siete años de haberse aprobado, no ha logrado disminuir la muerte materna, como tampoco ha evitado reducir que las mujeres aborten en la clandestinidad y mucho menos que se reduzca el número de adolescentes embarazadas o que se haya reducido la pérdida de vidas durante ese proceso.