CIUDAD DE MÉXICO. Agrupaciones ciclistas de la ciudad hicieron un llamado a los legisladores locales para que aprueben ya la Ley de Movilidad, que permanece atorada en la Asamblea Legislativa del DF y a la que se oponen líderes del transporte público concesionado, que es el más peligroso y contaminante del DF.
Integrantes de organizaciones como BiciAyuda, Bicicletas Antiguas México, Bicitekas, Colectivo Pro Movilidad, Cronos Bicimensajería y Logística, División del sur, Escuadrón del Norte, Paseo a Cegas, A.C., Transita seguro y YoBiciDF, demandaron a los diputados Claudia Cortés, Rubén Escamilla y Ana Julia Hernández del PRD, que no retrasen más la discusión y aprobación de la iniciativa de Ley de Movilidad.
Dijeron que esta ley "es una absoluta prioridad para transformar la movilidad y mejorar la calidad de vida en la urbe".
Los ciclistas pidieron a los asambleístas legislar para el bien común, "sin dejarse presionar por un grupo minoritario de concesionarios que se resisten a ser ordenados y a mejorar la calidad del servicio".
En un comunicado, los inconformes con la parálisis en la que está la iniciativa expresaron que "el transporte no puede seguir siendo el negocio de unos cuantos: debe transformarse en un servicio para la ciudad y sus habitantes".
Agregaron que la viabilidad y seguridad de la urbe reside en ello, pues sin un transporte ordenado, seguro y de calidad no es posible garantizar el acceso a los servicios y bienestar que ofrece la ciudad, ni es posible el desarrollo económico y el paulatino cambio de paradigma hacia una movilidad sustentable.
"Para transformar el transporte se requiere una regulación efectiva, bajo el control del gobierno capitalino que garantice la movilidad en la ciudad", argumentaron.
Desde 1995, reclamaron, los concesionarios de microbuses y autobuses tuvieron oportunidad de mejorar y ampliar los servicios de transporte y nunca lo hicieron, por eso son el servicio público peor calificado.
Además, dijeron que la lucha por el pasaje, la maximización de ganancias y la falta de responsabilidad tanto de gobiernos anteriores como de los concesionarios ha permitido que la mayoría de la población se transporte en unidades en estado ruinoso, sin observancia al Reglamento de Tránsito Metropolitano y sin certeza laboral, ni prestaciones de ley para los trabajadores.
"El resultado es un pésimo servicio, accidentes y cuantiosas pérdidas, tanto humanas como económicas", afirmaron.
"Como sociedad no podemos permitir que algunos concesionarios que no han sabido organizarse para mejorar el servicio detengan la Ley de Movilidad y las transformaciones que se están llevando a cabo".