Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) e integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), intentaron tomar las instalaciones de la Marina Armada de México que se ubican en la zona turística de Acapulco, como parte de los acuerdos que tomo la Asamblea Nacional Popular (ANP), para buscar a los normalistas desparecidos en el interior de los cuarteles militares de Guerrero.
Unas 150 personas marcharon por la costera Miguel Alemán, desde las instalaciones de los Servicios Educativos en Acapulco que se ubican cerca de la glorieta de la Diana Cazadora, hasta el acceso principal de la base naval en la glorieta del fraccionamiento Icacos, donde un grupo de policías antimotines les impidieron el ingreso hacia esas instalaciones.
Los manifestantes que en su gran mayoría se cubrían el rostro con pasamontañas, se enfrentaron verbalmente con los antimotines y ante la imposibilidad de ingresar a la instalación naval, optaron por pintarrajear con leyendas sobre el movimiento de Ayotzinapa, todos los vehículos estacionados en las inmediaciones de ese cuartel militar, incluyendo camiones de la propia Marina Armada de México.
Posteriormente, realizaron un mitin que obstaculizó la circulación vehicular en ambos sentidos de la principal vía turística de Acapulco, y luego de tres horas de protesta se retiraron a bordo de varios vehículos en los que se transportaron con dirección hacia las oficinas de los Servicios Educativos, donde señalaron que permanecerían en plantón por tiempo indefinido.
Asimismo, en el municipio de Florencio Villareal (Cruz Grande) que se localiza en la costa chica de Guerrero, otro contingente de 200 personas que pertenecen a la CETEG y al Movimiento Popular Guerrerense (MPG), tomaron de forma simbólica las instalaciones del 48 batallón de infantería, que se localiza sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional Oaxaca.
Ahí, los manifestantes se colocaron frente al acceso principal del cuartel militar y realizaron un mitin de forma pacífica, donde exigieron la presentación con vida de los 42 jóvenes desaparecidos y castigo a los responsables del caso Iguala.
Esta acción también formó parte de los acuerdos concertados por la Asamblea Nacional Popular, como parte de las exigencias hacia los tres niveles de gobierno para que regresen con vida los jóvenes desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.