Sociedad

AI declara preso de conciencia a Ángel Amílcar Colón

Ángel Amílcar, migrante hondureño está preso en el Cefereso de Tepic, acusado de delitos relacionados con delincuencia organizada; el Centro Prodh y Amnistía Internacional instaron a la PGR a retirar los cargos e iniciar con una investigación “exhaustiva e imparcial” sobre las denuncias en su contra.
Sandra Marina
22 julio 2014 13:58 Última actualización 22 julio 2014 14:12
Amnistía Internacional

Amnistía Internacional y el Centro Prodh declararon preso de conciencia a Ángel Amílcar, inmigrante hondureño preso en nuestro país. (Tomada de Twitter: @AIMexico)

CIUDAD DE MÉXICO. Amnistía Internacional declaró preso de conciencia a Ángel Amílcar Colón, migrante hondureño de origen afroamericano, al considerar que la tortura y el maltrato del que fue víctima, tras su detención en 2009 en Tijuana, fue un factor de discriminación racial por su origen étnico garífuna y resultó en su encarcelamiento en un procesamiento injusto.

“Esto implica un reconocimiento de su inocencia frente a los cargos que se le imputan, así como una exigencia al Estado Mexicano para su inmediata e incondicional liberación”, consideró el organismo.

En conferencia de prensa, Yuly Alexandra Baltazar Martínez, esposa de Ángel, explicó que él tuvo que emigrar de Honduras en 2009 para cubrir la atención médica de su hijo mayor quien fue diagnosticado con cáncer.

Sin embargo, con la promesa de ingresarlo a los Estados Unidos, Ángel fue engañado por un coyote y retenido en una casa en la ciudad fronteriza, la cual fue allanada por policías mexicanos.

En una falsa escena de toma de declaración, fue torturado y sometido a malos tratos por parte de elementos del Ejército y policías federales para obligarlo a auto culparse en la comisión de varios delitos, antes de ser puesto a disposición del Ministerio Público federal.

Utilizando dicha declaración, Ángel fue acusado de diversos delitos federales relacionados con el crimen organizado y encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 Noroeste en Tepic, Nayarit.

“El sistema lo tiene esposado. Murieron sus hermanos y no pudo hablar con ellos. Murió su hijo Ángel, su mamá y su tía y en ningún caso puso hablar con ninguno de sus seres queridos. Sus derechos humanos han sido violados pero a más de cinco años de estar preso, Ángel, yo y mis hijos, tenemos la esperanza de que se le haga justicia”, apuntó Yuly Alexandra.

Ante esta situación, el Centro Prodh y Amnistía Internacional instaron al gobierno mexicano, en especial a la Procuraduría General de la República (PGR) a retirar los cargos contra Ángel Colón permitiendo su inmediata e incondicional liberación, además de solicitar una investigación “exhaustiva e imparcial” sobre las denuncias de tortura y otras violaciones de los derechos humanos, incluida la discriminación racial.

Mario Patrón Sánchez, subdirector de Centro Prodh, confió que en el acervo probatorio de la causa penal 53/2009 instruida ante el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de Tepic, Nayarit, se encuentran suficientes elementos que acreditan por una parte que Ángel ha sido víctima de violación a sus derechos humanos y por otra que es inocente de los cargos que irregularmente pretenden imputarle.

“El juicio se encuentra en su etapa final por lo que esperamos que las autoridades judiciales, así como la propia PGR actúen en consecuencia del respeto irrestricto al debido proceso legal y resuelvan conforme a derecho”.

Perseo Quíroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México anunció que el organismo inició una campaña de colección de firmas en pro de la liberación de Ángel, quien en su país de origen fue Presidente de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), dedicada a defender los derechos culturales y territoriales del pueblo garífuna con el fin de lograr su supervivencia.

Consideró que su caso es emblemático de un nuevo esquema de violación de derechos en contra de las personas migrantes, que implica incriminarlas, cuando en realidad son víctimas de violaciones y de la comisión de delitos.

“Las autoridades buscan incriminar a este grupo de población vulnerable para aparentar una supuesta respuesta efectiva en la investigación de delitos de alto impacto social, como delincuencia organizada, delitos contra la salud y otros”, concluyó.