Política

Que EU frene tráfico de armas a México, pide PAN a Peña Nieto

La diputada Adriana González Carrillo denunció que al menos entre el 70 y 80% de las armas que utiliza el crimen organizado fueron adquiridas en armerías ubicadas en Estados Unidos; dijo que es importante que el gobierno estadounidense actúe con mayor determinación para frenar el trasiego de armamento.
Víctor Chávez
05 enero 2015 15:14 Última actualización 05 enero 2015 15:14
 [La institución informó que el total de licencias particulares individuales de portación de armas de fuego vigentes es de tres mil 140. / Cuartoscuro]  

[La institución informó que el total de licencias particulares individuales de portación de armas de fuego vigentes es de tres mil 140. / Cuartoscuro]

CIUDAD DE MÉXICO. El Partido Acción Nacional (PAN) pidió al presidente Enrique Peña Nieto que solicite al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hacer cumplir la ley en materia de exportación ilegal de armas a México.

A través de la diputada Adriana González Carrillo, el panismo denunció que al menos entre el 70 y 80 por ciento de las armas que utiliza el crimen organizado para desafiar al Estado Mexicano fueron adquiridas en armerías ubicadas en Estados Unidos.

En el marco de la visita oficial que realizará este 5 y 6 de enero a Washington, el PAN indicó que de 2006 a 2012 se tiene registrado que hubo más de 60 mil muertes asociadas a la delincuencia organizada y vinculadas con el trasiego de armas de Estados Unidos a México, pese a que Estados Unidos tiene un marco jurídico que prohíbe exportar armas a otro país donde estén prohibidas o sean de uso exclusivo del Ejército, tal y como es el caso mexicano.

La legisladora panista precisó que lo que ha hecho recientemente el gobierno de Estados Unidos, como medida precautoria, es obligar a más de ocho mil armerías ubicadas en los estados de Texas, California, Arizona y Nuevo México, a reportar ventas múltiples de armas semiautomáticas de asalto a una misma persona en un lapso de cinco días.

Sin embargo, denunció que dicha medida tiene múltiples limitaciones, pues no “toca a los vendedores en las denominadas ferias de armas, en las que se conoce que los delincuentes o sus testaferros son clientes frecuentes. La ley obliga sólo a reportar, sin limitar siquiera la venta misma de armas, y no se orienta directamente a combatir el tráfico ilegal”.

Por ello, expresó que es importante que el gobierno estadounidense actúe con mayor determinación y oportunidad, para evitar que siga proliferando el trasiego de armas de manera ilegal hacia México, con efectos mortales para la sociedad mexicana y afectaciones a la estabilidad social.

La diputada Adriana González resaltó que el tráfico ilícito de armas de fuego en el mundo es un problema que requiere de regulaciones jurídicas en las legislaciones internas de cada país, para evitar actos delictivos que puedan generar problemas de seguridad dentro de los Estados y en naciones extranjeras.

Argumentó que algunos legisladores de Estados Unidos han mostrado un mayor interés en frenar el flujo de armas de fuego hacia México y castigar a aquellos que intenten o vendan éstas a los narcotraficantes.

Otro tema de interés nacional a abordar con el presidente Obama, afirmó, es el de los casos de mexicanos sentenciados a pena de muerte en territorio estadounidense y que, pese al fallo de la Corte Internacional de Justicia dictado en 2004 (caso Avena), por el que ordena la reposición de los procesos judiciales, lamentablemente han continuado las ejecuciones de mexicanos, en el estado de Texas particularmente.

Sostuvo que existen varios expedientes de mexicanos en Estados Unidos, en los que no se ha cumplido con esta protección del derecho internacional, de ahí que sea necesario citar un asunto emblemático como es el caso Avena y los 51 mexicanos sentenciados a pena de muerte en la Unión Americana.

González Carrillo afirmó que es fundamental que el titular del Ejecutivo Federal mexicano manifieste su interés a su homólogo de Estados Unidos en que haya una regulación en la materia, que sustente jurídicamente la protección consular que tanto urge para los procesados o sentenciados mexicanos en el país vecino del norte, y cesen las ejecuciones contrarias al derecho internacional en el estado de Texas.

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