CIUDAD DE MÉXICO.- La ministra Olga Sánchez Cordero será quien revise la controversia constitucional que interpuso Humberto Castillejos, consejero jurídico del Poder Ejecutivo, en contra de la opinión de un juez civil del Distrito Federal que consideró que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no tenía facultad para resolver el conflicto entre televisoras abiertas, de pago y cableras en materia de retransmisión.
El jueves pasado, la Presidencia de la República anunció la interposición de la demanda a petición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en contra el juez 32 de lo Civil del Distrito Federal, José Guadalupe Mejía Galán.
El gobierno federal consideró que el juez en cuestión invadió las facultades del IFT al determinar que éste no puede resolver sobre la retransmisión gratuita de señales abiertas de televisión en sistemas de paga, que en la reforma de telecomunicaciones quedó establecido como "must carry-must-offer".
Se trata de una controversia constitucional contra una resolución de un juez local del DF que, a juicio del gobierno federal, está fuera de derecho porque un juez local no tiene facultades para involucrarse en temas federales.
La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en varios precedentes que el Presidente de la República puede promover controversia constitucional para proteger las facultades de la federación aun y cuando éstas estén conferidas a otra institución del poder federal.