LA PAZ, Baja California Sur.– Acusados de corrupción y de haber asignado ilícitamente casi 500 millones de pesos en obras a una empresa fantasma, cuando en su momento estuvieron como directores en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de Baja California Sur, José Antonio Ramírez Gómez y Carlos Lazcurain Ochoa, pasaron a formar parte del núcleo de funcionarios en el gabinete del gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor.
El primero, convertido en secretario de Finanzas y el segundo en secretario Técnico, buscaron un cargo público para protegerse de la investigación que el desde el 28 de febrero del 2011, inició el Órgano de Control Interno de la SCT, bajo el número de expediente DE/021/2011, después de que algunas compañías constructoras presentaran una denuncia por la asignación ilegal de contratos a una empresa fantasma, registrada y dirigida por el entonces subdirector administrativo de la institución federal, Samuel Araiza Vázquez, y quien en un corto tiempo se enriqueció de manera ilícita e impune a través de la compañía denominada "Camulocopa BCS, SA de CV".
El caso fue plenamente documentado por ZETA, el cual expuso que los exdirectores José Antonio Ramírez y Carlos Lazcurain habían solapado y protegido al exsubdirector Samuel Araiza para que hiciera lo siguiente:
1.- La recepción del pago del 10 por ciento del monto de cada obra pública por adelantado para que cualquier participante pudiera ser acreedor a contratos de licitaciones, por lo que atrasaba el fallo hasta que todos los participantes juntaran el "moche" o el soborno.
2.- La formación de una constructora denominada "Camulocopa BCS, SA de CV", la cual favoreció desde el 2007 con jugosos contratos, y donde puso a su hermana Carolina, a un sobrino y amigos como prestanombres de la compañía.
3.- La constante asignación de obras a constructoras sin experiencia y capacidad, las cuales entregaban obras inconclusas y eran arbitrariamente beneficiadas con pagos en exceso sin haber finiquitado los trabajos, y en cuya lista destacaba "Camulocopa BCS, SA de CV".
El dictamen del Órgano de Control Interno de la SCT, transcribe que "los exdirectores firmaron la asignación de obras públicas a sabiendas de que la compañía constructora aparecía registrada a nombre de la hermana del entonces subdirector administrativo de la SCT, Samuel Araiza Vázquez, y plenamente conscientes de que estaban cometiendo delitos previstos y estipulados por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Reglamento Interno de la SCT y del Código Penal Federal".
En suma, 434 millones pagados de manera ilícita por trabajos realizados en obras de modernización de terracerías, obras de drenaje y pavimentos de caminos.
Hoy, José Antonio Ramírez es el responsable del manejar el dinero de los sudcalifornianos, y Carlos Lazcurain Ochoa, reúne y supervisa el trabajo del gabinete del gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor.