CIUDAD DE MÉXICO.- El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, envió a los diputados de la Asamblea Legislativa de la capital una iniciativa de ley para prevenir, eliminar y sancionar la desaparición forzada de personas por parte de autoridades o particulares, en la que se establecen sanciones de hasta 40 años por este delito.
Al presentar el documento, el mandatario capitalino hizo un llamado a todas las autoridades del país para que sigan el ejemplo de la ciudad de México y exista un andamiaje institucional que evite la impunidad y castigue este delito y no se repitan casos como el de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, quienes cumplieron este miércoles dos meses ausentes.
"No podemos seguir con municipios en donde no hay ni siquiera un elemento de policía o donde no se cuenta con un instrumento normativo que garantice la mínima seguridad de los ciudadanos", reclamó Mancera Espinosa.
"El llamado que hacemos es a fortalecer el país, necesitamos dar y dotar de las mismas capacidades a todos y a todas. No puede haber espacios de impunidad en México, no puede haber espacios en donde no se tengan las capacidades, o donde no nos importe que no se tengan las capacidades, no puede haber poblaciones aisladas, no puede haber poblaciones marginadas, no puede volver a suceder lo que ha sucedido en Iguala", dijo Mancera.
Frente a funcionarios de Naciones Unidas, como el integrante del Comité sobre las Desapariciones Forzadas, Santiago Corcuera, y al Alto Comisionado en México para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, Mancera Espinosa recordó que hay compromisos internacionales que México debe cumplir en la materia.
En entrevista, el Consejero Jurídico del gobierno del DF, José Ramón Amieva, explicó que dicha iniciativa surge de esos compromisos internacionales y no de que en la capital existan casos de desaparición forzada que se deban atacar o de que exista un riesgo.
"Es una medida preventiva que se vino trabajando por si algún día se llegara a dar, se cuente con todas las herramientas de investigación, acompañamiento a víctimas y sanción correspondiente. Tiene como fuente de derecho la normatividad internacional. No hay antecedente en materia de desaparición forzada en la ciudad", dijo Amieva.
El funcionario explicó que la ley propuesta busca sancionar tanto a servidores públicos como a particulares que participen de cualquier modo, incluso con la omisión, con la complicidad o el silencio, en la desaparición forzada de personas.
Además, "a todos los particulares que con autorización de las autoridades o con aquiescencia o aprobación de las autoridades realicen la desaparición forzada, esos particulares también serán sancionados".
De acuerdo con las sanciones propuestas, se castigará hasta con 40 años de prisión a funcionarios que cometan el delito, mientras que a los particulares, la pena máxima será de 30 años de cárcel.
La ley también propone un esquema de protección a las víctimas con acompañamiento, protección, cuidado y entrega de apoyos económicos a las víctimas que tengan relación directa o indirecta con las personas que han sido motivo de desaparición forzada.