Política

Legislación actual de drogas criminaliza a consumidores: Corina Giacomello

10 febrero 2014 4:32 Última actualización 07 octubre 2013 5:43

[México carece de una política en la materia, asegura la experta / Édgar López / El Financiero]


 
 José Sobrevilla
 
 
La especialista de origen italiano Corina Giacomello subraya que detener por completo la persecución de consumidores ocasionales de droga contribuiría a disminuir 23 por ciento la sobrepoblación del Sistema Penitenciario Federal, donde 79.58 por ciento de las personas se encuentran recluidas por delitos del fuero común, incluyendo delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo.
 
 
De ahí que proponga al gobierno federal la revisión de su legislación actual en la materia, para medir el impacto real de ésta, y qué tanto se criminaliza a consumidores, pequeños vendedores, y mulas del narcotráfico. “También hay que mejorar el régimen de despenalización, porque se está capturando a sujetos secundarios, que no son realmente los grandes traficantes”.
 
 
Para esta joven especialista quien ha impartido cursos, talleres y seminarios en nuestro país y varias partes del mundo, “México no tiene una política de drogas; es decir, con sus objetivos, acciones y estrategias públicas orientadas a abordar el tema de las sustancias lícitas e ilícitas en sus integralidad y como política de Estado.
 
 
“Las disposiciones en la materia se dispersan en diferentes textos enfocados o bien a la salud (la Norma para la prevención, tratamiento y control de adicciones, NOM- 0283), o a la sanción y la ejecución de penas (Código Penal Federal, y Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley de Delincuencia Organizada) o ambas (Ley General de Salud).
 
 
Autora, entre otras obras de Género, drogas y prisión (Editorial Tirant Blanch/2013), Giacomello subraya que hoy el gobierno aborda el tema de las sustancias psicotrópicas desde una óptica punitiva más que de salud, y más recientemente desde la perspectiva de la seguridad nacional, descuidando el aspecto preventivo, de atención y tratamiento. Tampoco se han implementado de manera sistemática políticas de reducción de riesgos y daños.
 
 
Giacomello mencionó los cambios legales hechos por Felipe Calderón, al separar el consumo de drogas de la justicia penal. “El decreto conocido como ‘Ley del narcomenudeo’ (agosto de 2009), despenaliza el consumo mediante el sistema de umbrales de posesión y son reducidas las penas en algunas modalidades de delitos contra la salud” dijo la autora de Los secretos de Almoloya (Ed. Debate, 2009).
 
 
Sin embargo, agrega, las cantidades contempladas para determinar la dosis para consumo personal e inmediato, son sumamente bajas, “lo cual ha fomentado corrupción, extorsión y detención de consumidores, así como operativos contra redes de narcomenudeo”.
 
Desconocimiento y desinterés
 
 
La también autora de Rompiendo la zona del silencio; testimonios sobre el penal de máxima seguridad del Altiplano (Ediciones Dipon y Gato Azul, Bogotá, Colombia, 2007), señaló que el presidente Enrique Peña ha mostrado desinterés y desconocimiento del tema, incluso acerca de la legislación nacional vigente”.
 
 
Destacó la ausencia del presidente mexicano en el debate latinoamericano y que, más bien, éste ha ignorado o se ha distanciado de las declaraciones de sus homólogos en la región y de las conclusiones del Informe Analítico de la OEA sobre el Problema de las Drogas en el Hemisferio, así como de sus resultados en Guatemala.
 
 
La legalización de la mariguana en Washington y Colorado (noviembre 2012) llevó a Luis Videgaray a declarar que “si bien el presidente es contrario a la legalización, el resultado de las votaciones en estos dos estados cambiaba las reglas de juego y obligaría a México a modificar su estrategia en materia de política de drogas”, sin embargo no se ha vuelto a hablar del tema.
 
 
En diversos foros, Peña Nieto ha señalado su negativa a la legalización y su apertura al debate de la misma, mostrando de alguna manera su desconocimiento o comprensión plena del actual marco legal mexicano en materia de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, en la más reciente Asamblea General de la OEA la delegación de México insistió en la necesidad de prevenir el delito y el consumo, y de no criminalizar a los consumidores “en algunos casos”.
 
 
Para Corina Giacomello, la vaguedad del uso de los términos y la falta de referencia a encuentros específicos --por ejemplo, la UNGASS (Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas) en 2016-- arrojan dudas sobre su real interés y conocimiento del tema por parte del gobierno mexicano. “Las discrepancias entre lo que declara el presidente y otros funcionarios son muestra del profundo desconocimiento que existe sobre la materia.
 
 
Dijo que es razonable pensar que Peña Nieto seguirá manteniendo sus políticas de control de drogas alineadas a las de Estados Unidos, por no crear tensiones en ese rubro.
 
 
Sin embargo, agregó que desde las instituciones federales se sigue proponiendo un lenguaje discriminatorio (al referirse a “usuarios dependientes” como “adictos”) y un discurso criminalizador, que desemboca en la propuesta de instalar tribunales de drogas sin abrir una discusión crítica e informada en la que participen activamente los vértices del Poder Ejecutivo y las organizaciones de la sociedad civil expertas en la materia”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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