Política

Gobierno promueve controversia contra juez en disputa Televisa-Dish 

El vocero gubernamental Eduardo Sánchez afirmó que, según la Constitución, es el IFT el que debe resolver sobre la retransmisión de contenidos, conocida como must carry y must offer, y no un magistrado local.
Eduardo Ortega
13 febrero 2014 15:12 Última actualización 13 febrero 2014 18:23
Eduardo Sánchez, vocero del Gobierno Federal. (Cuartoscuro)

Eduardo Sánchez, vocero del Gobierno Federal. (Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno Federal promoverá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del juez trigésimo segundo de lo civil en el Distrito Federal, José Guadalupe Mejía Galán, en virtud de que invadió las facultades constitucionales del Instituto Federal de Telecomunicaciones, anunció el vocero del gobierno Eduardo Sánchez.

Este juez resolvió sobre la transmisión gratuita en la televisión de paga de los contenidos de la televisión abierta conocida como must carry y must offer.

Acompañado por el consejero jurídico Humberto Castollejos, el portavoz señaló que una vez valorado el caso, el presidente Enrique Peña Nieto promovió la controversia constitucional.





Explicó que la instrucción es señalar como tercero interesado al IFT dentro del procedimiento, así como mantener una estrecha colaboración con ese órgano para la defensa de sus facultades establecida en la reforma.

"El llamado must carry y must offer gratuito es un elemento esencial en la reforma constitucional de telecomunicaciones para generar competencia en el sector de la televisión de paga, pero más aún para salvaguardar el derecho de toda persona al recibir señales de televisión abierta por medio de la televisión de paga sin costo adicional”.

Sánchez indicó que la Constitución señala que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones quien debe resolver sobre la retransmisión de contenido y no un juez local, en este caso del Distrito Federal.

Por tanto, agregó, el juez local invadió la facultad que la Carta Magna le otorga a la Federación.

Al respecto, el consejero jurídico aseguró que las leyes secundarias deben de contener el mismo espíritu establecido en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.

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