Sandra Marina
Aun cuando los últimos 4 presidentes de México han tenido que desarrollar políticas de combate al crimen organizado, el sexenio de Felipe Calderón fue el que se vio más activo con el incremento en los decomisos de vehículos y armas y en detenidos, sin embargo durante esa administración la erradicación de cultivos ilícitos se desplomó hasta 57%.
De acuerdo con el reporte Políticas de seguridad en México: análisis de 4 sexenios, elaborado por Eduardo Guerrero, fundador de Lantia Consultores, durante el gobierno de Calderón se erradicaron 32,756 hectáreas de plantíos ilícitos, mientras que durante el sexenio de Vicente Fox se exterminaron 76,223 hectáreas; es decir, hasta 43,767 hectáreas menos que su antecesor en Los Pinos.
Incluso, durante el periodo del priista Ernesto Zedillo se destruyeron, en promedio anual, 13,745 hectáreas más que con Calderón; esto, a pesar de que el panista lanzó durante los primeros meses de su gobierno en 2006 una estrategia de combate frontal a los cárteles del narcotráfico.
Para Guerrero ese mayor activismo implicó 'un alto costo', pues el gasto en seguridad creció a un ritmo acelerado, desplazando otras prioridades del gasto público, pero, sobre todo, por el dramático repunte de la violencia. "Se trata de un saldo negativo difícil de soslayar, que plantea nuevos desafíos y que deberá ser atendido de forma más eficaz por el actual y los próximos gobiernos", señala el investigador.
De acuerdo con la evaluación elaborada por Guerrero Gutiérrez, donde se tomaron en cuenta las dimensiones Acciones de Combate al Narcotráfico, Sistema de Readaptación Social, Incidencia Delictiva, Violencia, Sistemas de Procuración e Impartición de Justicia y Gasto, los mejores resultados se observan durante el gobierno de Zedillo en los últimos 4 rubros.
Asimismo, el estudio detalla que durante la gestión en el sexenio de Fox se observó un 'resquebrajamiento' de la política de seguridad, aun cuando en la administración de Zedillo se logró una disminución sustancial de la incidencia delictiva.
En el apartado de Impartición de Justicia y Sistema de Readaptación Social, el informe resalta que durante los últimos 3 sexenios no se han registrado avances en materia de eficacia de los sistemas de procuración e impartición de justicia.
"Por el contrario, tomando como referencia el último año de cada sexenio (y 2011 en el caso de Calderón) se observa que el porcentaje de presos que han recibido una sentencia ha disminuido de forma progresiva", indica el reporte, que destaca que al final de la administración de Zedillo, en el año 2000, 71% de la población penal sí recibió una sentencia, mientras que con Calderón, al final de 2011, la cifra disminuye hasta 47%.
Cambios drásticos
En cuanto a la violencia y a las tasas de homicidio en el país, el informe apunta que de 1992 a 2007 hubo una tendencia a la baja en la tasa de homicidios, llegándose a producir una disminución progresiva de 50% desde el inicio de la administración de Salinas hasta el primer año de Felipe Calderón.
Sin embargo, en 2008 'esta situación cambió drásticamente', apunta Eduardo Guerrero en función de los datos proporcionados por el Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos del INEGI, ya que a partir de este año se registró un 'rápido incremento' de la violencia. Tanto, que para el año 2010 "el aumento acumulado (de la violencia) ya era mayor a la disminución observada en todo el periodo 1992-2007".
El asesor explica que cifras de incidencia delictiva en cada sexenio son un primer indicador de los resultados obtenidos por la política de seguridad ejercida en cada periodo:
Destaca que entre 1997 y 2004 la incidencia de delitos del fuero federal se mantuvo relativamente estable, mientras que en el periodo 2005-2007 registró un aumento acelerado, y posteriormente una caída dramática de 2008 a 2011.
Respecto a la incidencia de delitos del fuero común se observó una importante disminución entre 1997 y 2005, y un repunte de magnitud similar de 2006 a 2011.
Guerrero Gutiérrez señala que mientras en la gestión de Zedillo se logró una disminución sustancial de la incidencia delictiva, en los gobiernos de Fox y Calderón se registraron aumentos.
"Las estadísticas de incidencia se determinan principalmente por los delitos del fuero común, que constituyen más de 90% del total.
"En principio, la prevención y sanción de los delitos del fuero común es responsabilidad de los gobiernos estatales. Sin embargo, la política de seguridad del gobierno federal también tiene un efecto importante sobre el particular.
"Por ejemplo, el aumento en la incidencia de delitos del fuero común que se observó durante el gobierno de Calderón es una respuesta a la política de combate frontal a los grandes cárteles, mismos que en varios casos se han fragmentado y han evolucionado en mafias locales que participan en crímenes como extorsión, secuestro y robo de vehículos".
El aumento en la incidencia de este tipo de delitos se ha observado de forma relativamente generalizada en los estados en los que los grandes cárteles tenían mayor presencia al iniciar el sexenio, y no de forma aislada en algunas entidades, como se podría esperar si tal aumento fuera resultado de las políticas de seguridad de algunos gobiernos estatales.
Para completar la evaluación del sector seguridad a lo largo de los últimos sexenios, el investigador analiza el presupuesto destinado a las 4 principales dependencias que integran este sector de la administración pública federal: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP, creada en 2000)
De 1989 a 2006 la mayor parte de los años el presupuesto de las dependencias registró incrementos marginales.
Sólo en 1994, año en el que tuvo lugar el levantamiento zapatista en Chiapas, la partida de Sedena aumentó 30%, aunque este incremento se revirtió casi por completo en los 2 años subsecuentes. La creación de SSP en el año 2000 conllevó otra elevación sustancial del presupuesto.
A partir de 2007 hubo un cambio de tendencia: "En este periodo el dinero destinado a las dependencias del sector seguridad se acrecentó de forma acelerada, particularmente en los casos de la Sedena y de la SSP, esta última como resultado de la expansión de la Policía Federal".
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