Política

El jurídico del INE fijará posición sobre embargo al PRD

Carlos Ahumada reclama adeudos por 400 mdp e intereses por 120 mdp. Los dirigentes del sol azteca aseguran que "el partido nada debe, es un asunto entre Ahumada y Robles".
Angelle Hernández
28 septiembre 2014 21:12 Última actualización 29 septiembre 2014 5:0
Tanto Zambrano como Sánchez Camacho niegan deudas y aseguran que se trata de un asunto particular. (Cuartoscuro)

Tanto Zambrano como Sánchez Camacho niegan deudas y aseguran que se trata de un asunto particular. (Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO. Aunque el consejero presidente Lorenzo Córdova dijo no estar seguro de si las prerrogativas de los partidos políticos son embargables, el Jurídico del Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá que pronunciarse en las próximas horas sobre la petición del juzgado que pidió el embargo por un adeudo por 520 millones de pesos que reclama el empresario Carlos Ahumada al PRD.

El presidente del INE consideró que el tema, por su trascendencia, debe ser analizado en Consejo General y por la complejidad del asunto, es decir, que la demanda fue iniciada en un juzgado argentino, no descartó que el caso pueda llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por lo pronto, el PRD se defiende con un amparo provisional e insiste que el PRD nada debe y que Carlos Ahumada y Rosario Robles deben resolver sus cuestiones personales sin involucrar al partido, dijo Alejandro Sánchez Camacho.

En 2013 la Corte resolvió, contra criterios del entonces IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que las prerrogativas de partidos políticos sí son embargables. El fallo derivó de la deuda del sol azteca por más de 25 millones de pesos por servicios prestados durante el mega plantón sobre avenida Reforma luego de las elecciones presidenciales de 2006.

El IFE tuvo que realizar ocho embargos mensuales al financiamiento público de este partido.

De ganar la demanda el empresario argentino, el PRD deberá pagar casi el 75 por ciento del total de sus prerrogativas, ya que este año recibió 699.2 millones de pesos.

Los perredistas recientemente desembolsaron 100 millones de pesos para pagar los gastos de la elección interna de consejeros nacionales, estatales y municipales y congresistas, que les fueron retirados en tres meses de sus ministraciones mensuales que ascienden a 52 millones de pesos.

En conferencia de prensa, el secretario general del partido, Alejandro Sánchez, insistió en que no se reconocerá una deuda que no existe, ya que no hay ningún convenio o acuerdo con Carlos Ahumada.

“Si es un convenio de carácter particular entre Rosario Robles y Carlos Ahumada, pues que ellos se entiendan solos y que no involucren a nuestros partidos”, dijo.

El perredista acusó al empresario argentino de ser “un viejo pájaro de cuentas, tiene varios juicios penales por fraude, se ha amparado en muchas ocasiones y ha perdido esos amparos, por eso no se presenta en México”.

Por su parte, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, acusó a Ahumada de ser “un pillo de siete suelas, un vividor y un delincuente”, y negó la existencia de dicha deuda, ya que el único facultado para autorizar deuda es el secretario general, que era entonces Carlos Navarrete y no la dirigente.

Consideró que se trata de una venganza en contra del partido y anunció que ya interpuseron un amparo que le fue otorgado como medio de defensa legal para demostrar la improcedencia del cobro pretendido.

En 2013, Ahumada demandó al PRD ante un juzgado de la provincia de La Rioja en Argentina el pago de 400 millones de pesos, más otros 120 millones de intereses, por concepto de un préstamo que le hizo al partido en 2004 cuando era dirigido por la hoy secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles.

Zambrano aseguró que si Robles firmó o no el supuesto pagaré lo habría hecho a título personal y advirtió que tendrá que ser ella quien responda en su caso.

El asunto, en manos del Juzgado Undécimo de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, dirigido por la jueza Edith Alarcón, tiene un plazo de 84 días para resolverse.

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