CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento al derrame de tóxicos en Sonora propone una solicitud formal a la Secretaría de Economía para que cancele la concesión otorgada a Grupo México, a través de su empresa subsidiaria Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea.
Según el informe de las reuniones de trabajo realizadas hasta la fecha, incluyendo la del 3 de septiembre cuando se visitó la zona del desastre, los integrantes de este grupo de trabajo legislativo concluyen que Grupo México mintió al no avisar a la autoridad del derrame y luego negar su responsabilidad.
"Ante tales circunstancias la mina no debiera estar operando", asienta el documento que será presentado este jueves a la Junta de Coordinación Política y el 17 de septiembre ante el pleno.
"De acuerdo con la información recabada la Comisión Especial considera indispensable la suspensión de actividades de la mina Cananea, operada por Grupo México, hasta en tanto se evalúen los daños, se garantice el resarcimiento del medio ambiente y la indemnización de toda la población afectada", agrega.
"La Comisión Especial seguirá recabando informes de las diferentes dependencias, para fundamentar la transgresión a la normatividad y exigir a la Secretaría de Economía la cancelación de la concesión otorgada a Grupo México", añade.
En el reporte, los miembros de la comisión detallan que luego de dialogar con autoridades de la empresa, funcionarios federales encargados de dar seguimiento al caso, autoridades municipales, trabajadores y habitantes de la zona observaron omisiones en el ámbito estatal y empresarial.
Destacan que la Comisión Estatal de Protección Civil no ha entregado a la fecha las actas del Comité de Emergencia, aun cuando le fueron solicitadas por la instancia legislativa.
"El gobierno del Estado ni la empresa minera han explicado en función de qué se está indemnizando ni cómo se han cuantificado los daños ni tampoco con qué recursos están pagando, aun cuando ya fue requerida la empresa para entregar esa información", subraya.
Anotan que, un mes después del derrame, la empresa no ha reparado el tubo roto ni las fallas de infraestructura que provocaron el derrame; las labores de limpieza en el Río Sonora son lentas y la arena contaminada se está depositando en una presa a cielo abierto.
El documento indica que entre otras normas incumplidas y violadas por el Grupo México se encuentran la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, las leyes General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de Aguas Nacionales.
La minera no tiene registro ante la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado (CEDES), y ha incumplido con la Norma Oficial Mexicana 159-SEMARNAT-2011 sobre los requisitos de protección ambiental de los sistemas de lixiviación de cobre.
También se ha incumplido la Ley Minera, aproximadamente 30 leyes nacionales e internacionales sobre conservación ecológica y ambiental y normas sobre los límites máximos permitidos de sustancias como arsénico, cadmio, cobre, cromo y mercurio.
Detallan que durante la visita un grupo de ex trabajadores les narró que la mina opera de manera irregular desde hace años, prevalecen los conflictos laborales, y los trabajadores no cuentan con medidas de seguridad mínimas.
Asimismo se han presentado más derrames de tóxicos y los mineros presentan daños a la salud por el incumplimiento de las medidas reglamentarias de seguridad e higiene.
Los ex empleados, agrega el informe de los diputados, indicaron que desde 2007 expertos internacionales realizaron un estudio sobre las condiciones en que opera la mina Cananea.
Desde ese entonces, abundan, privan la falta de mantenimiento preventivo, fallas en la reparación de equipos, falta de limpieza y ventilación.
Además ausencia de equipo de protección para los mineros, quienes están expuestos a altos niveles de sustancias, polvos tóxicos y vapores ácidos, que les han provocado daños al sistema respiratorio y enfermedades fatales como cáncer de pulmón y silicosis.
Aunado a ello la empresa no ha implementado programas de evaluación médica de su personal, no provee los equipos ni elementos necesarios para proteger al trabajador que maneja residuos tóxicos y no ha realizado los monitoreos de higiene industrial debidos.
Tampoco capacita al personal expuesto a ambientes contaminados y riesgosos, no ha instalado los equipos de ventilación adecuados y los mineros laboran con mascarillas de papel para protegerse de partículas, vapores y ácidos tóxicos, abunda el expediente.