Política

CNTE cierra accesos a Tuxtla Gutiérrez

01 febrero 2014 10:8 Última actualización 11 noviembre 2013 19:51

[Maestros disidentes ocasionan caos vial y afectan a cientos de negocios / El Financiero]


 
Ciro Castillo
 
 
TUXTLA GUTIÉRREZ.- A 76 días de paro y a la par de las negociaciones que se han llevado a cabo en la ciudad de México en la Secretaría de Gobernación, los maestros de Chiapas no cesan sus acciones de presión.
 
Este lunes provocaron otro caótico día en Tuxtla Gutiérrez. Los accesos Poniente y Oriente fueron bloqueados, lo que provocó largas filas de automovilistas y transportistas de pasaje y carga. Muchas personas tuvieron que transbordar para poder llegar a su destino.
 
Desde las primeras horas comenzó el bloqueo que concluyó  a las 16:30 horas y se trató de otra acción para “respaldar” las negociaciones que se han llevado a cabo en la capital del país en los últimos días.
 
Pese a que, según datos de SEP, unas mil 800 escuelas habrían vuelto a las actividades escolares paulatinamente y por presiones de padres de familia, el plantón que comenzó el 28 de agosto se mantiene en las inmediaciones del Centro de la capital de Chiapas, con incuantificables pérdidas para los comercios de la zona.
 
La Cámara de Comercio anunció que presentó una demanda penal contra quienes resulten responsables por los daños ocasionados a cientos de negocios que se ubican sobre la Avenida Central de Tuxtla Gutiérrez.
 
Pese a anuncios oficiales de apoyos consistentes en créditos blandos, muchos comercios han tenido que recortar personal para tratar de subsistir. Otros han cerrado sus puertas, pues resulta más caro pagar luz, agua, renta y personal.
 
El domingo, el Gobierno de Chiapas informó que en la mesa de negociación llevada a cabo el sábado en la capital del país, presentó propuestas concretas para abonar al diálogo y mejorar la educación en la entidad.
 
La Secretaría de Educación dijo que una de las demandas de la CNTE y el SNTE es que el gobierno se comprometa a no ejercer ninguna acción represiva de índole laboral, jurídica, administrativa, ni económica, en contra de maestros, estudiantes, padres de familia y ciudadanos que han participado en las manifestaciones.
 
 
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