Opinión

¿Y el gasto público qué?

 
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[El peso se ha visto afectado más de lo previsto por datos de la Fed/Bloomberg] 

Más allá de las explicaciones técnicas (precio del petróleo, depreciación cambiaria, costos de distribución, etcétera) y recaudatorias (déficit, regresividad de los subsidios) del gasolinazo, tardías y la mayoría no dadas por el gobierno, buena parte del enojo de la población radica en que el destino de esos recursos -en particular de los que corresponden al componente de impuestos en el precio total, como ocurre con otros gravámenes- se asocia a la corrupción y al dispendio e ineficacia del gasto público. De ambos temas se ha analizado y escrito mucho, pero no hay que quitar el dedo del renglón.

A la rapacidad desbordada de diversos gobernadores se agrega la corrupción en prácticamente todos los niveles de gobierno, empezando por el federal, en contrataciones y gastos que se vinculan con obra pública o con el reparto de recursos en programas de apoyo, muchos etiquetados como sociales. En todos lados se comenta que, aunque el fenómeno no es nuevo, en esta administración se ha acentuado a grados de escándalo sin precedentes, no sólo por el incremento de las 'comisiones' a empleados públicos (se habla de 10 hasta 50 por ciento del monto contratado), sino también por su generalización a todos los niveles, incluyendo o empezando por los más altos. Hasta ahora los esfuerzos basados en el Sistema Nacional Anticorrupción están en el papel y falta mucho para que se materialicen. Lo que hacen (o pueden hacer) la Secretaría de la Función Pública y la Auditoria Superior de la Federación es lamentable, a pesar de que todo mundo sabe dónde están los corruptos´' de ambos lados de la mesa.

La ineficiencia e ineficacia del gasto público es igual de grave. No sólo hay abusos legales, como los bonos y sueldos de comisionados (INE, Cofece, etcétera) y magistrados, sino que en esta administración el gasto corriente se ha incrementado sustancialmente y los diversos recortes anunciados no se han instrumentado. Además, se gasta muy mal. Un ejemplo ilustrativo es el gasto público que se ejerce en el sector agropecuario. Mientras que en 2007-2012 el gasto total de la Sagarpa aumentó 1.74 por ciento en promedio por año en términos reales, el PIB del sector creció 1.16 por ciento anual; en contraste, en 2013-2016 el gasto de la dependencia se incrementó en sólo 0.14 por ciento real anual y el PIB sectorial en 2.24 por ciento. Para 2017 es previsible que ese comportamiento se acentúe: contracción de 9.0 por ciento en el gasto presupuestal en el sector y expansión del Producto de 2.4 por ciento. Claramente el efecto del gasto en la generación de valor agregado del sector es muy limitado, por no decir nulo.

En parte ello se explica por la deficiente composición del destino del gasto. Otra vez recurriendo al ejemplo del sector agropecuario y de acuerdo con un análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (Anríquez, Gustavo, et. al. Gasto Público y Desempeño de la Agricultura en América Latina y el Caribe. Documento de Trabajo IDB-WP-722. Agosto, 2016) para 19 países de la región en 1985-2012, una reasignación entre el gasto gubernamental destinado a bienes públicos (investigación, sanidad, inocuidad, infraestructura rural) y a bienes privados (apoyos directos a productores en lo individual) implicaría que un cambio de 10 puntos porcentuales del presupuesto agrícola de los segundos hacia los primeros, manteniendo el gasto total constante, generaría un aumento de 5.0 por ciento del valor agregado per cápita y sería equivalente a un incremento de 25 por ciento del gasto total en el sector. Además, en el caso de México ese análisis reporta que 87 por ciento del gasto total se canalizó a bienes privados, nivel muy superior al promedio de la región (56 por ciento) y al de países con desarrollo similar. Ese fenómeno de una deficiente e ineficiente asignación del gasto seguramente se presenta en otros sectores de actividad como infraestructura de comunicaciones y transportes, vivienda, etcétera.

Existen espacios para racionalizar y reorientar el gasto público. Plantear lo contrario y con ello justificar impuestos elevados es una falacia y una mala política pública. 2015-2016 fue una oportunidad perdida.

Twitter: @ruizfunes

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