Opinión

Vulnera Panama Papers secreto profesional

 
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Hacker.

Un aspecto poco explorado del caso Panama Papers es el de la violación del secreto profesional que supone la revelación de millones de documentos como consecuencia de la “filtración” de la información de una firma de abogados a los medios de comunicación. La atención se ha centrado en lo que la información representa en términos de posibles acciones de evasión fiscal, y muy poco en la amenaza que representa la irrupción y robo de la información confidencial que supone la relación cliente-abogado.

Para entender la gravedad de lo involucrado, es necesario recordar que la información que un cliente recibe de su cliente es motivo de mayor protección en las leyes, inclusive, que la relación resultante entre un periodista y sus fuentes. Así como la ley preserva el anonimato de quien proporciona datos a ciertos medios (salvo en casos relacionados a la comisión de hechos delictivos), en el caso de un abogado y su representado la protección puede ir más lejos. La información privilegiada que un abogado recibe de sus clientes es un postulo del derecho a una defensa justa, y una nota de moderación que permite hacer frente a los totalitarismos estatales.

De hecho, vale recordar que todo el entramado legal de las leyes de protección de datos personales, que en el mundo han sido motivo de discusión y desarrollo notable en la última década, tienen por bastión el derecho de cualquier ciudadano a que sus datos sean usados como mercadería.

Imaginemos un escenario en el que nuestra información privada y secreta puede ser obtenida, grabada, investigada, replicada y difundida bajo la simple sospecha de que puede tratarse de hechos delictivos.

Aún más grave, no se trata siquiera de una entidad del estado investida por ley de facultades de fiscalización, sino de un grupo de particulares que bajo el paraguas del derecho a la información penetran sistemas informáticos y hackean datos de miles de personas. La gravedad del caso supera a la propia “wikileaks”, habida cuenta de que en este caso muchos de los sujetos afectados son ajenos a la actividad del estado.

Es cierto que una de las vertientes del derecho a la información es el acceso irrestricto a información de interés público, sin embargo, la regulación existente en cualquier país del mundo establece como límite a esta actividad la licitud en las formas de obtención de la misma. En Panama Papers es claro que la obtención de la información es ilícita, perjudicando por igual a todos los que son asociados al escándalo, esto es, abogados, socios de las empresas offshore, políticos y hasta intermediarios corporativos. La aseveración injustificada de que “todas” las empresas offshore evaden impuestos alcanza con su toxicidad a todos por igual.

En estos casos, de la misma manera en que los periodistas exigen protección para su trascendental papel en la sociedad, debe entenderse que la confidencialidad es un elemento fundamental de la relación de diversos profesionistas con sus clientes, que reclaman y merecen el mismo tratamiento y respeto,. Llama la atención que importantes colegios de abogados en el país, como la Barra Mexicana Colegio de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa no se hayan pronunciado en relación a este lamentable precedente.

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