Opinión

Vivienda: apoyos sin política ni estrategia

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Vivienda

El miércoles pasado el presidente Enrique Peña Nieto presentó “un plan para el impulso de la vivienda”. Como se ha hecho costumbre, de las diversas medidas que se anunciaron la mayoría ya se habían dado a conocer previamente, al menos en el discurso, y sólo algunas son novedades. Así, en vez de presentar avances de acciones que se supone se instrumentarían desde hace más de un año, éstas se vuelven a integrar en discursos y planes para tratar de demostrar “lo mucho que se va realizar y cómo se va a mover a México”. A estas alturas, mala estrategia.

Entre las acciones ya conocidas, además de la inversión por 370 mil millones de pesos para construcción de vivienda –incluidos en el Programa Nacional de Infraestructura publicado en mayo de 2014–, se encuentran: apoyos para comprar una casa o pagar menos por la que ya tienen, para trabajadores que perciben hasta 2.6 salarios mínimos (lo que se anunció con la reforma financiera); transformar los créditos del Infonavit de múltiplos de salarios a pesos (parte de la propuesta de ley para desvincular diversas variables del salario mínimo); otorgar créditos con subsidio a familias que se integren a la economía formal (anunciado en la instrumentación del régimen de incorporación fiscal); y realizar 30 mil acciones de vivienda en Chiapas, Guerrero y Oaxaca (parte del paquete de medidas para combatir la inseguridad de noviembre pasado).

Entre las “nuevas” acciones y su impacto previsible destaca que los créditos del Fovissste ya no se asignarán por sorteo y se podrán gestionar de inmediato. Sin duda la medida es favorable para los burócratas pero, como en el caso del Infonavit, parecería que se está privilegiando maximizar el número de créditos otorgados, con riesgos evidentes para la capitalización de esas instituciones. Las experiencias del pasado no son buenas: Nacional Financiera con las uniones de crédito, Banrural y los créditos a la palabra, Bancomext y sus apoyos al sector azucarero, por mencionar sólo algunas.

Otra medida es el subsidio de 30 mil pesos que otorgaría la Comisión Nacional de Vivienda para obtener un crédito hipotecario tradicional, en particular a jóvenes, jefas de familia, personas con discapacidad y migrantes; también objetivo muy loable, pero el reto será que dicho apoyo efectivamente se traduzca en la adquisición de una vivienda y no se quede en el camino entre beneficiarios, gestores y desarrolladores.
Después del severo golpe al sector constructor de vivienda en los últimos años, en parte derivado de los cambios de la política en la materia, ahora se busca darle “certidumbre e incentivos fiscales”, mediante la regularización de los adeudos del IVA a “pequeños proveedores”, la deducción del ISR de los servicios contratados con esos proveedores, y el pago de ISR sobre la parcialidad que reciban cada año los constructores por venta de vivienda a plazos y no sobre el valor total de la vivienda vendida.

El impacto negativo de la no deducibilidad de los servicios y del pago total de ISR para los vendedores era evidente desde que se incorporaron en la reforma fiscal de 2013, lo que ahora se corrige. En cuanto a la regularización del IVA, la medida es adecuada; en todo caso, la pregunta es por qué no se generaliza a otros sectores y actividades.

Así, de manera aislada, las acciones para impulsar la vivienda pueden o no ser efectivas para incrementar el volumen de casas nuevas, créditos o remodelaciones. El reto no es “volumétrico” sino que radica en la ausencia de una estrategia para el sector que considere, además de los aspectos de financiamiento, los de riqueza patrimonial (ubicación y atributos de la vivienda), competitividad de las ciudades donde se ubica, desarrollo urbano (infraestructura y equipamiento, servicios públicos) y otras opciones para hacerse de una vivienda (renta, autoconstrucción). Hasta ahora no existe un programa integral y coherente en esa materia; parecería que en esta administración ya no lo veremos.

Twitter: @ruizfunes

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