Opinión

Violencia en Veracruz, 
¿el fin de un pacto?

   
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Javier Duarte. (ilustración)

El gobernador saliente de Veracruz, Javier Duarte, está en la mira por los escándalos de corrupción que han envuelto a su gobierno, así como por sus intentos por evitar que dichos escándalos sean investigados al imponer a un incondicional en la Fiscalía Anticorrupción del estado. Sin embargo, las cuentas pendientes del gobernador Duarte podrían ir mucho más allá de los millonarios desvíos de recursos que se han atribuido a su gobierno. Están también los numerosos casos de persecución y homicidios de periodistas que han tenido lugar durante su gobierno (de acuerdo con la organización Artículo 19, Veracruz es el estado de la República donde se registra un mayor número de agresiones contra periodistas). Asimismo hay un historial de señalamientos por violaciones graves a los derechos humanos, en particular desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales de presuntos criminales.

Veracruz –particularmente la zona metropolitana de Veracruz-Boca del Río– padeció una severa crisis de violencia en el verano de 2011. En aquel entonces el conflicto se debió al intento de desplazar a Los Zetas por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG, que en ese entonces también se hacía llamar Los Mata Zetas). La crisis de violencia de 2011 fue efímera en Veracruz. Sin embargo, alcanzó un momento álgido cuando un grupo de hombres armados abandonó dos camionetas que contenían varios cuerpos en una emblemática glorieta de Boca del Río. Pocas horas después de los hechos, en un desafortunado mensaje en su cuenta de Twitter, Javier Duarte pareció justificar la masacre al señalar que “es lamentable el asesinato de 35 personas, pero lo es más que esas mismas personas hayan escogido dedicarse a extorsionar, secuestrar y matar”. Dos días después Duarte agregó: “los criminales sólo tienen dos destinos: la prisión o la muerte”. Las declaraciones del mandatario contribuyeron a dar credibilidad a las versiones que señalaban que los cuerpos abandonados en Boca del Río formaban parte de una estrategia de exterminio, de la que el gobierno del estado era cómplice. Al menos una víctima, de acuerdo con testimonios de familiares, había sido levantada por elementos de la Policía Ministerial estatal.

En los meses que siguieron a la masacre de Boca del Río el número de ejecuciones se redujo. Sin embargo, continuaron los señalamientos de desapariciones forzadas y otros abusos sistemáticos por parte de las autoridades del estado, así como de elementos de la Secretaría de Marina. No deja de llamar la atención que Veracruz ha sido la única entidad del país donde se ha logrado revertir de forma rápida una epidemia de violencia (particularmente porque en otros estados donde ha sido posible reducir los niveles de violencia, como Nuevo León, fue necesario un largo proceso de depuración de las corporaciones policiales). Hace algunas semanas Vice News publicó una entrevista a un jefe de sicarios de la región centro de Veracruz, quien relató que Los Zetas se establecieron en el estado con el apoyo del exgobernador Fidel Herrera, pero que posteriormente Javier Duarte pactó con el CJNG para expulsar a dicho grupo (lo que explicaría, junto con las prácticas de exterminio que se atribuyen a las autoridades, la rápida pacificación después de la crisis de violencia de 2011).

Independientemente de si el gobernador ha establecido en los hechos un pacto con el crimen organizado, resulta claro que en los últimos meses se han roto los equilibrios que mantenían la relativa paz en Veracruz. De acuerdo con cifras de Lantia Consultores, en el segundo trimestre de 2016 se registraron 223 ejecuciones en el estado, casi el triple que en el trimestre previo. Con esta cifra, la más elevada desde 2011, Veracruz se ubicó como la tercera entidad más violenta del país, sólo por debajo de Guerrero y Michoacán.

Este repunte de la violencia no parece explicarse exclusivamente por el arresto de algún líder o por el conflicto en torno a una plaza o una ruta estratégica. Las ejecuciones se han disparado en varios de los principales municipios del estado, incluyendo Coatzacoalcos, Córdoba, Poza Rica, el Puerto de Veracruz y Xalapa. Por lo tanto, y por coincidir con la derrota del PRI en la contienda por la gubernatura, esta nueva crisis de violencia bien podría reflejar una estrategia de los criminales por ocupar posiciones ante el debilitamiento del gobierno estatal.

Es indispensable que el gobierno federal tome medidas para evitar que la crisis de violencia en Veracruz se profundice (en la actual coyuntura, donde Javier Duarte parece haber perdido el respaldo del PRI y de actores clave de la clase política del estado, es muy difícil que su equipo tenga la capacidad o incluso la voluntad para articular una respuesta eficaz ante la crisis). En particular, resulta necesario que se definan blancos para cada una de las células del CJNG y de Los Zetas que actualmente operan en los principales municipios, y que se lleven a cabo acciones contra dichos blancos siempre que se registren eventos de violencia. Si el gobierno federal actúa, todavía podría evitar una situación inmanejable en la tercera entidad más poblada del país. Si no lo hace, la violencia en Veracruz podría convertirse en la crisis que marcara el último tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Twitter: @laloguerrero

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