Opinión

Viene la reforma migratoria

   
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Desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, todos los presidentes de Estados Unidos se han quejado de la inmigración indocumentada procedente de México. Han respondido así a la demanda de diferentes sectores de su país que se han sentido afectados por esos flujos demográficos. La mayoría la han entendido como una cuestión socio-económica; alguno incluso la vio con un enfoque de derechos humanos. Unos pocos la han considerado un asunto político y casi ninguno como algo que afecte la seguridad de su nación.

En junio de 2015, en su primer discurso de campaña, al anunciar su candidatura, Donald Trump destacó como uno de los objetivos centrales de su gobierno, “arreglar” el tema migratorio, al que concibe fundamentalmente como una amenaza. Según su estrecha visión, los mexicanos y centroamericanos que cruzan furtivamente la frontera o rebasan indebidamente el tiempo permitido en sus visas, son peligrosos delincuentes o terroristas.

Ya desde entonces enumeró las políticas que seguiría y las reformas legales que promovería. Para impedir la entrada de más personas consideró indispensable construir un muro a lo largo de mil millas de su frontera sur. Sugirió además que el costo de construirlo lo pagaría México “de una u otra forma” y para ello planteó varias posibilidades: el incremento en el costo de las visas temporales, la incautación de remesas derivadas de salarios “devengados ilegalmente”, la imposición de tarifas a las importaciones o la suspensión de la ayuda externa.

Propuso además triplicar el número de oficiales del Servicio de Inmigración y Aduana (ICE) y de efectivos de la Patrulla Fronteriza, con el objeto de expulsar de manera expedita a 351 mil extranjeros encarcelados por delitos no migratorios y a seis de los once millones de personas viviendo en Estados Unidos sin los papeles necesarios.

En el año transcurrido desde la toma de posesión, se licitó el diseño del muro, se reforzaron las barreras existentes y se inició la construcción de cinco centros de detención. Las “ciudades santuario”, que no cooperan en la persecución de personas con problemas migratorios, fueron castigadas con la reducción de fondos federales. Hay nuevos fiscales y jueces abocados a estos temas y se multiplicaron las redadas, incluso en recintos escolares, religiosos y judiciales. Miles ya fueron expulsados y millones viven con incertidumbre y miedo.

Lo más delicado, sin embargo, es lo que se cocina en reuniones discretas, como la del pasado fin de semana en Camp David, entre el presidente Trump y legisladores Republicanos y Demócratas de ambas cámaras.

Toma y DACA 
Imposibilitado para negociar cualquier reforma migratoria, por el bloqueo de los Republicanos, en 2012 Barack Obama expidió una orden ejecutiva para diferir por períodos renovables de dos años la deportación de quienes entraron ilegalmente a Estados Unidos siendo niños o adolescentes. El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) benefició a 800 mil personas pero fue combatido judicialmente y, finalmente, cancelado en septiembre por el presidente Trump. El cinco de marzo empezarán a expirar los permisos correspondientes, a menos que el Congreso emita una ley que proporcione un status legal a los llamados “dreamers”.

Con la fuerza que le da el control Republicano de ambas cámaras, el Ejecutivo presiona a los congresistas para que a cambio de la regularización de aquellos, se acepten sus condiciones. En las de carácter presupuestal van cediendo y sólo falta concluir el regateo. En total Trump pide 33 mil millones de dólares para construir el muro, dotar de equipo de alta tecnología a la Patrulla Fronteriza y aumentar sus efectivos.

Las exigencias de cambios legislativos son polémicas y han tensado las negociaciones. En el paquete se incluyen disposiciones para prohibir la naturalización de hijos de indocumentados nacidos en territorio estadounidense y severas restricciones al asilo, que sólo sería temporal. Ya no se permitiría la migración en cadena, o sea, que personas naturalizadas o con residencia legal (poseedoras de una green card) puedan solicitar la entrada de familiares diferentes al cónyuge y los hijos menores. Se eliminarían los sorteos para obtener visas más allá de las cuotas por nación, sustituyéndose estas por criterios “de mérito”, dando preferencia a personas con credenciales académicas o habilidades específicas.

Como sea, habrá nuevas reglas que afectarán sobre todo a mexicanos que se fueron para allá en búsqueda de oportunidades de superación y que, con trabajo honesto y duro, han tratado de ofrecer un mejor futuro a sus familias.

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