Opinión

Usar la fuerza o rendirse, ¿el dilema?

Ya basta de autoengaños: lo que buscan los maestros de Guerrero es extender por el país su ofensiva desestabilizadora y poner a su líder López Obrador como presidente.

Han puesto al gobierno ante la disyuntiva de reprimir su salvajismo desatado, o claudicar ante la ingobernabilidad en ese estado.

Con ambos escenarios salen triunfantes sus propósitos. Si el gobierno usa la fuerza contra los delincuentes del magisterio de Guerrero, otros estados se levantarán en solidaridad con ellos para tirar al gobierno.

Si las cosas se dejan como están, los maestros tomarán el control de Guerrero –de hecho ya tienen en su poder, por la fuerza, más de 40 alcaldías– y la debilidad gubernamental será insoportable para la población en general.

Toman la autopista del Sol para obligar al gobierno a utilizar la fuerza pública en su contra, decirse víctimas y extender a otras entidades la protesta contra el “agredido” magisterio guerrerense.

Y si el gobierno no actúa, luego de que el presidente dijera que no permitiría más bloqueos en la autopista, quedará como un Ejecutivo débil, al que cualquiera le tuerce el brazo. Será una señal para que otros estados como Oaxaca y Michoacán retomen la agenda desestabilizadora.

El hecho concreto es que en la actualidad los maestros de Guerrero hacen lo que quieren con total impunidad.

Hace tres años, normalistas de Ayotzinapa quemaron vivo a Gonzalo Rivas, trabajador de una gasolinera en esa autopista, y no pasó absolutamente nada. Su impunidad no es de ahora, pero se ha intensificado con propósitos golpistas.

Ahora los maestros de la CETEG, con el pretexto de los 42 desaparecidos en Iguala, se metieron al hotel donde se hospedan policías federales en Chilpancingo y les dieron una golpiza de padre y señor nuestro.

Son tan salvajes que arrancaron una camioneta en reversa, a toda velocidad, y atropellaron a policías federales y a fotógrafos. No pasa nada.

Un centenar de periodistas reunidos este fin de semana en Tlapa para una premiación, fueron secuestrados por tres horas, los insultaron y los vejaron.

Piden a gritos que el Estado use la fuerza –como es su derecho y su obligación en casos como éste–, para decirse víctimas o ir directo a la confrontación.

Son varios los dirigentes magisteriales y normalistas que se han pronunciado por la vía armada como la forma idónea para consumar su estrategia golpista contra la democracia.

¿Hacemos como que no los oímos? ¿Y después gritamos sorprendidos cuando ataquen con armas de fuego?

Ahí están, ligados a la guerrilla como dijo el gobernador Graco Ramírez, y dispuestos a emprender una escalada de violencia para tirar al gobierno.

No se van a cansar. Le van a hacer la vida imposible a los habitantes de su estado y van a retar al gobierno federal hasta obligarlo a usar la fuerza o levantar bandera blanca.

Por eso es importante preguntar qué va a hacer el gobierno ante esa disyuntiva en que lo han puesto los grupos magisteriales que le tomaron odio por la reforma educativa, que obliga a concursar las plazas de maestros en lugar de heredarlas y venderlas.

No tiene alternativas: o usa la fuerza para hacer valer la Constitución, o claudica ante los violentos.

Lo peor del caso es que el gobierno está en esta encrucijada cuando el país se encuentra más desunido que nunca en los últimos años. Tampoco es casualidad.

Twitter: @PabloHiriart