Opinión

Urgentes reformas a
la ONU a sus 70 años

 
1
 

 

ROUSSEFF

El sistema de Naciones Unidas -incluyendo la ONU, sus agencias especializadas y las instituciones de Breton Woods- surgido tras la Segunda Guerra Mundial bajo el diseño básico de los países victoriosos, está cumpliendo ya la tierna edad de 70 años y aunque ha sido objeto de algunas pequeñas reformas y adiciones desde 1945, sigue siendo básicamente el mismo, totalmente obsoleto para el mundo interdependiente en que vivimos.

Un Consejo de Seguridad con los mismos cinco miembros permanentes y derecho a veto -Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia Rusia y China- sigue pretendiendo controlar las decisiones de la ONU en un mundo en el cual nuevos desafíos globales y regionales, un número significativamente mayor de países, y cambios fundamentales en su poder relativo, demandan una nueva gobernabilidad y mayor participación en la toma de decisiones internacionales para lograr resultados efectivos.

Ello presenta serios problemas tanto en el terreno político y de la seguridad mundial, como en el económico, social, cultural y ambiental. Si países importantes como India -con sus mil 250 millones de habitantes-, Japón, Alemania, no están presentes en la toma de decisiones claves; si regiones como América Latina, África, Medio Oriente, con sus potencias económicas emergentes, numerosos países y culturas siguen relegados en los acuerdos básicos de la ONU y de instituciones multilaterales claves como el FMI, el BM y la OMC, ocurren tres fenómenos:

a) Las instituciones multilaterales dejan de ser relevantes y confiables: sus decisiones no son tomadas en serio; b) surgen instituciones paralelas formales e informales para la toma de decisiones y defensa de los intereses de los países y las regiones (G-8, G-20, BRICS); y c) se abandonan los desafíos a su suerte, como los temas de migración y desarrollo o de tráficos de productos y servicios ilegales; es decir, se dejan a las reglas del mercado global, a la lucha, conflicto y negociación de los actores políticos, económicos y sociales legales e ilegales.

La preocupación por fortalecer y reformar el orden multilateral no es nueva. Ha estado en la mente de los gobiernos y los expertos internacionales, y periódicamente ha dado lugar a esfuerzos entre los miembros del sistema de Naciones Unidas. El sector privado, los organismos de la sociedad civil organizada y la ciudadanía global han expresado su interés por reformas de fondo.

Me correspondió representar al presidente Zedillo en 1999-2000 en el Grupo de los 16 para el Fortalecimiento del Multilateralismo, en que embajadores representativos de las diversas regiones del mundo -sin la presencia de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad- nos reunimos durante dos años en Nueva York y las capitales de nuestros países -al más alto nivel bajo la secretaría de Suecia- para conformar una propuesta de reformas a la ONU y las instituciones económicas de Bretton Woods. Fue un proceso fascinante a la luz de los grandes cambios ocurridos en el último medio siglo y en particular tras del colapso soviético y el fin de la Guerra Fría.

Como en intentos previos de reforma, los cinco miembros permanentes no vieron con buenos ojos la propuesta de reformas que presentamos a Kofi Annan con vistas a la Asamblea General de septiembre del año 2000 y en especial las reformas para democratizar el Consejo de Seguridad y la elección del secretario general. El poder de Estados Unidos estaba en su cima después del fin del mundo bipolar. La ONU prefirió aprovechar la ocasión para establecer los Objetivos de Desarrollo del Milenio, buscando abatir la pobreza, el hambre, el analfabetismo, la falta de salud pública y sanidad y otras carencias en el mundo.

Los objetivos y metas establecidas han sido importantes para mejorar la situación económica y social de los países en desarrollo y han jugado un papel importante en los discursos y en las acciones de los organismos y los países. Este mes la Asamblea General de la ONU escuchará los logros alcanzados, así como un conjunto ampliado de nuevas metas para alcanzar un desarrollo sustentable e incluyente hacia 2030. ¡En hora buena!

Sin embargo, conviene tener presente cinco cuestiones importantes:

Los avances más notables en diversos países se han dado gracias a las acciones y los recursos mismos de los países en desarrollo. Los compromisos de los países ricos de otorgar al menos 0.7 pot ciento de su ingreso nacional bruto en ayuda al desarrollo sólo se cumplieron en 2014 en el caso de los países escandinavos, Luxemburgo y Gran Bretaña. Estados Unidos canalizaron sólo 0.19 de su INB. Muchos países europeos redujeron su cooperación desde 2009.

China, India y otros países emergentes han aumentado su cooperación, financiamiento e inversiones en Asia, África y Latinoamérica y han iniciado la construcción de una arquitectura internacional que también beneficie a los pobres. Pero, como lo señaló Stiglitz (El País 9-8-15), tras la frustrada III Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en Etiopía “Cuando China propuso crear el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura para ayudar a reciclar algunos de los excesos del ahorro mundial a países que los requieren, Estados Unidos trató de torpedear el esfuerzo. Obama sufrió una dolorosa (y vergonzosa) derrota” cuando sus aliados, comenzando por GB, Alemania y otros países europeos y asiáticos se unieron a la iniciativa china.

3o La posición de Estados Unidos en Addis Abeba en relación al tema más debatido, la fiscalización de las empresas trasnacionales,  fue muy decepcionante. “Todos los países, ricos y pobres, han estado perdiendo miles de millones de dólares en ingresos fiscales anuales por la falta de un acuerdo mundial para cobrar impuestos dentro de sus fronteras a Apple, Google, General Electric y otras grandes empresas. Los países en desarrollo, encabezados por India, argumentaron que el foro adecuado para discutir este tema es el Comité de Expertos de la ONU sobre Cooperación en Cuestiones de Tributación y que es crucial reforzar su nivel jurídico y de financiamiento. Estados Unidos se opuso” y todo sigue igual.

Las nuevas disposiciones sobre inversiones en el TTP y el Tratado del Atlántico reducen las capacidades de los países receptores para regular el medio ambiente, la salud, las condiciones de trabajo e incluso las cuestiones económicas asociadas; en cambio fortalecen su propiedad industrial, en detrimento de una globalización democrática.

5o Las reformas aprobadas hace más de tres años para aumentar el poder de voto de China y países emergentes (incluyendo a México) en el FMI y el BM, atendiendo a su mayor poder económico y contribución, siguen atoradas por la oposición del Senado de Estados Unidos.

Los avances para construir un nuevo orden global más democrático, equitativo y sustentable son muy lentos y a veces sufren regresiones inexplicables. Esperamos que en Nueva York este mes y en París en octubre (cambio climático) se dé un progreso efectivo. Pero las migraciones internacionales, el crimen organizado, el Estado Islámico y la parálisis económica mundial, que requieren atención urgente, ¿hasta cuándo?

El autor es investigador del CEE-Colmex y exdirector general de la ONUDI (1993-97).

También te puede interesar:
Democratizar los partidos y procesos electorales
Rusia enfrenta sus desafíos
Recuperar la planeación territorial y urbana