Opinión

Urge consistencia
de políticas

Ante la pronunciada contracción de los precios de los principales productos agrícolas en las últimas semanas y meses, sobre todo de los granos y oleaginosas, han vuelto a resurgir las presiones y protestas de las organizaciones, tanto de productores privados como de las campesinas, por apoyos (subsidios en efectivo) del gobierno para compensar esa “pérdida de ingresos”, la cual siempre se cuantifica a partir de la disminución de los precios como si el volumen producido y comercializado no incidiera en el ingreso. Además, ello se da en un contexto en el que desde hace más de un año se había anticipado la reducción de los precios nacionales e internacionales, como resultado de buenas cosechas a nivel mundial, México incluido, y de la desaceleración de diversas economías (Europa y China).

Así, la semana pasada vimos manifestaciones de El Barzón y la Asociación Nacional de Empresas Productoras del Campo (ANEC) en la Secretaría de Gobernación en demanda de mayor presupuesto y subsidios para el maíz; desplegados para “agradecer” a las autoridades el apoyo a la comercialización de frijol en Chihuahua, Durango y Zacatecas de la cosecha 2013, pero sobre todo para solicitar nuevos subsidios para 2014; y reuniones de las organizaciones de productores de Sonora y Sinaloa con autoridades federales y estatales para negociar un precio del maíz de tres mil 800 pesos por tonelada, cuando ya se había acordado en tres mil 500 y el precio internacional se ubica en mil 950 pesos por tonelada. Complicado asunto para el fisco y/o para el consumidor.

Precisamente en Sinaloa, en el marco del Foro Global Agroalimentario organizado por el Consejo Nacional Agropecuario, se celebró el panel “Ajustando las Políticas Agropecuarias para Producir más Alimentos en un Ambiente de Incertidumbre” y cuyo sólo título contiene tres elementos y/o preguntas clave. Primero, qué políticas ajustar y con qué orientación, lo que implica definiciones acerca de ¿más mercado y menos subsidios, dadas las restricciones presupuestales que enfrentan los gobiernos? o bien ¿mayor intervención del gobierno en mercados imperfectos?, y en todo caso, ¿a qué destinar los escasos recursos públicos (apoyo a insumos, a comercialización o a bienes públicos)?

Segundo, el reto para traducir esas políticas en una mayor producción de alimentos, así como qué se requiere y a qué costo debe buscarse la “seguridad alimentaria”, lo que necesariamente involucra que la actividad sea rentable para el productor primario. Tercero, cómo enfrentar el ambiente de incertidumbre, caracterizado por volatilidad de precios -al alza como en 2008 y a la baja actualmente-, y por factores externos al sector como las condiciones en los mercados financieros y las condiciones climáticas, entre otros.

A ello se agrega, como un factor fundamental de incertidumbre, la falta de consistencia y continuidad de las políticas públicas. Ese es el caso de los programas de apoyo, ahora denominados incentivos, a la comercialización en México. En las reglas de operación cada año se establecen los criterios, lineamientos, fórmulas, niveles del ingreso-objetivo por cultivo (aunque no se han actualizado desde 2011, ahí están), etcétera, que no se respetan y todo acaba en una negociación política y casuística. Así, y los productores lo saben, para qué desgastarse en la definición de las políticas públicas, si los apoyos con recursos federales se resuelven de otra manera.

En el panel del foro, se presentaron dos ponencias contrastantes. Una relativa a la nueva Ley Agrícola de Estados Unidos (Farm Bill) y otra sobre el Programa de Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (Masagro). En el primer caso, se podrá o no estar de acuerdo con el contenido y cambios de orientación de las políticas agroalimentarias en aquel país, pero la ley da certidumbre, incluyendo los presupuestos, a los agentes económicos por cinco años (2014-2018). En Masagro cada año se innovan los diferentes conceptos de apoyo, con lo que prevalece la incertidumbre para los productores.